Detenido el presidente de la Diputación de Almería por contratos irregulares en el caso mascarillas
ESPAÑA
También han sido arrestados el vicepresidente de la entidad provincial y el alcalde de la localidad de Fines, los tres del Partido Popular
18 nov 2025 . Actualizado a las 05:15 h.Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, al vicepresidente, Fernando Giménez, y al alcalde de la localidad almeriense de Fines, Rodrigo Sánchez, todos ellos del PP, que estaban siendo investigados por el caso mascarillas.
Así han informado a Efe fuentes próximas a la investigación, que han señalado que el caso lo investiga el Juzgado número 1 de Almería y durante la mañana se desarrollarán distintos registros en diferentes domicilios. La UCO de la Guardia Civil les imputa, entre otros, delitos de malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Los detenidos se encontraban investigados judicialmente dentro del conocido como caso mascarillas, que indaga presuntas comisiones ilegales en contratos de suministro de material sanitario adjudicados por la Diputación durante la pandemia.
Precisamente, a principios de mes el PSOE había solicitado que se llamase a declarar como testigo en esta causa al responsable de la Diputación, que es también presidente del PP de Almería, Javier Aureliano García. El PSOE, que ejerce la acusación popular, fundamentaba su solicitud en «la falta de concordancia entre las declaraciones de testigos e investigados» y en los nuevos datos contenidos en el atestado de la UCO, fechado el 25 de abril. El partido pedía al juzgado que tomase declaración a García, en su condición de responsable último de la firma del contrato público que dio origen a la causa, para esclarecer cuándo, cómo y de quién tuvo conocimiento de las negociaciones y adjudicaciones investigadas.
Según el escrito de los socialistas, se trataba de determinar si pudieron concurrir indicios de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales o negociaciones prohibidas en la tramitación del contrato, valorado en 2,03 millones de euros. El partido solicitaba asimismo que la Diputación aportase la relación de asesores del presidente entre marzo de 2020 y marzo de 2022, con detalle de sus funciones y adscripción, así como la identificación de los asignados a las áreas del entonces diputado Óscar Liria y el actual vicepresidente Fernando Giménez, ambos investigados en la instrucción judicial.
También mencionaban comunicaciones de un grupo de mensajería denominado «Naranjito», en el que —según se recoge— García habría intercambiado mensajes con Liria (vicepresidente tercero en aquel momento y uno de los primeros detenidos por este caso) y Giménez. Uno de ellos, reproducido en el documento, dice textualmente: «Óscar, ¡hay que ver la que tienes liada con las mascarillas! (…) ¡calla ya!». El PSOE consideraba que esa conversación ponía «de manifiesto un conocimiento directo de los hechos» y reclamaba su incorporación íntegra a la causa.
Un caso abierto en junio del 2021
El caso, que hasta ahora mantiene a 14 personas y a siete empresas bajo investigación judicial, estalló en junio del 2021 cuando la UCO procedió a realizar un registro en las dependencias del Área de Fomento, principalmente. En ese momento, el exdiputado provincial Óscar Liria estaba al frente de esta área, de modo que fue arrestado y enviado durante varios meses a prisión preventiva. Durante aquel registro se hizo entrega del expediente de contratación del material sanitario con Azor Corporate Ibérica así como de otros 16 expedientes de obras adjudicados a la empresa Pulconar, cuyo administrador es Kilian L.S, también investigado por su relación con Liria así como su papel al actuar como nexo entre la Diputación y la empresa suministradora. El contrato investigado originalmente preveía la adquisición de 500.000 mascarillas así como monos de protección y guantes de nitrilo mediante el decreto firmado el 8 de abril de 2020 por un importe superior a los dos millones de euros a través de un expediente que se instruyó a través de Presidencia. Liria fue el que dio el nombre de Azor a presidencia para realizar ese contrato.