Las diligencias se enmarcan en una pieza secreta abierta por el Supremo
10 jun 2025 . Actualizado a las 22:12 h.Casi seis meses después de que José Luis Ábalos perdiera su inmunidad parlamentaria, la Unidad Central Operativa (UCO) accedió este martes a sus dispositivos personales. Una docena de agentes de la Guardia Civil —en el marco de una nueva «pieza separada» y secreta sobre la trama que dirigía Víctor de Aldama— registraron durante más de nueve horas la vivienda en Valencia en la que reside el exdirigente socialista. El allanamiento fue ordenado por el juez del Supremo Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo en el alto tribunal, y con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción.
Los funcionarios —según reveló el juez en la orden de registro— buscaban supuestas pruebas de los amaños de «obra pública civil» en los que el propio Ábalos y su exasesor, Koldo García, habrían tomado parte, según la confesión de Víctor de Aldama. En su auto, Puente revela que el pasado 5 de junio la Guardia Civil le pidió este registro en un informe que no se ha hecho público aún, pero en el que asegura tener pruebas de que el exsecretario de organización del PSOE está involucrado en la «adjudicación de determinadas obras a favor de concretas empresas a cambio de un precio o compensación económica». Siempre según este escrito del instructor del Supremo, la UCO ya ha hecho una «identificación indiciaria» de esas obras supuestamente amañadas gracias a los mensajes incautados a Koldo García.
La UCO obtuvo finalmente el permiso para registrar esta vivienda después de que el pasado fin de semana llegaran a la misma varias cajas procedentes de otro inmueble del diputado del Grupo Mixto.
Tras el registro, en el que estuvo presente Ábalos, acompañado de su letrada, los agentes salieron del domicilio con cajas, clonaron dos teléfonos móviles y una tablet, y se llevaron para copiar diversas memorias, que les serán devueltas al imputado. Aunque los funcionarios buscaban dinero, no encontraron efectivo en la vivienda.
«La condena ya la tengo»
«Me quedo un poco sorprendido. Es verdad que en este proceso hay más sospechas que indicios. He defendido mi inocencia y la voy a seguir defendiendo hasta el final. Espero que esta pesadilla un día termine. La condena ya la tengo», explico a los periodistas el ex socialista, que detalló que las cajas que llegaron a ese piso el pasado fin de semana eran enseres personales, como libros, muebles y cuadros, que su última exmujer le devolvió tras su divorcio.
Hasta ahora, la UCO no había tenido acceso a ningún tipo de aparato electrónico (móviles, ordenadores, memorias...) del imputado, por lo que toda la información sobre las supuestas irregularidades del ex número tres del PSOE procedía del material incautado a Koldo García y Víctor de Aldama.
La Guardia Civil ha tardado casi un año y medio en poder acceder a los dispositivos de Ábalos, quien ha reconocido haber cambiado de teléfono y haber borrado mensajes, ya que hasta el pasado 22 de enero el Congreso de los Diputados no concedió al Supremo el suplicatorio para poder investigar al exministro.
El ex titular de Transportes y ex mano derecha de Pedro Sánchez dispone de tres inmuebles en la capital del Turia. Dos de ellos, a su nombre exclusivamente; y otro compartido con su exmujer Carolina Perles Miñana. El más antiguo de ellos, ubicado en una entreplanta y bajo de un edificio del popular barrio de la Zaidía de Valencia, es el que fue registrado entre las siete de la mañana y las cuatro y media la tarde.
Además de la casa de Ábalos, los funcionarios llevaron a cabo registros en empresas relacionadas con la trama que capitaneaba Aldama. Los agentes allanaron o requirieron información a empresas de la Comunidad Valenciana, Navarra y el País Vasco.
Admite mordidas por obras en unas grabaciones de Koldo
El juez Leopoldo Puente ordenó a la UCO que registrara el domicilio que Ábalos tiene en Valencia a raíz de unas grabaciones halladas en el móvil del que fuera su asesor ministerial Koldo García en las que él mismo reconocería haber recibido un «beneficio económico» a cambio de adjudicaciones de obra pública. Según desarrolla en su auto el magistrado, un informe del 5 de junio del instituto armado identifica obras que «pudieran haber resultado indebidamente adjudicadas con la participación del investigado». Dichas adjudicaciones «se describen en relación con ciertas grabaciones, —halladas, conforme también se explica en el mencionado oficio, en dispositivos intervenidos al también investigado en esta causa don Koldo García—». El instructor incide en que el informe tiene «elementos bastantes para considerar que dichas indebidas adjudicaciones se habrían producido como consecuencia de la eventualmente ilícita intervención del afectado».
Adjudicaciones, en fluorescente
La orden de allanar este piso de Ábalos se produce mes y medio después de que Puente requiriera a los investigadores un informe sobre la adjudicación de las obras que aparecen subrayadas con fluorescente en la documentación aportada a esta causa por Aldama. El magistrado solicitó a la UCO que identificara a la empresa que resultó adjudicataria de cada una de ellas y que fiscalizara el procedimiento de adjudicación.
El juez decidió profundizar en esta línea después de que un peritaje caligráfico certificara que la letra de Koldo García es la que aparece en un pantallazo aportado al Supremo por Aldama con anotaciones y subrayados sobre las supuestas obras preadjudicadas. Según Aldama, Koldo García le envió ese pantallazo a su móvil con la adjudicación de obra pública correspondiente al 2019, aunque esos amaños se habrían extendido al 2020 y 2021. Aldama, que aseguró en sede judicial que repartió cuatro millones en comisiones destinadas a Koldo García, Ábalos y al PSOE, apuntó al amaño de 39 proyectos.
Esas irregularidades fueron desmentidas por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, quien encargó un estudio que determinó que de los 39 proyectos señalados por el comisionista se llegaron a licitar 21 y solo seis de ellos se hicieron durante el mandato de Ábalos. Este, durante sus dos interrogatorios en el Supremo —en diciembre del 2024, voluntariamente, y el pasado febrero, ya como imputado—, negó rotundamente haber intermediado en la adjudicación de ninguna obra pública durante su mandato al frente de Transportes.