Los diputados del PP que participaron en la ponencia de la reforma que acorta las penas a 44 etarras ponen sus cargos a disposición del partido
ESPAÑA
«No es momento de responsabilidad sino de soluciones», asegura Miguel Tellado, portavoz de los populares en el Congreso
09 oct 2024 . Actualizado a las 10:53 h.El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado que compañeros de su formación que participaron en la ponencia de la reforma legal que acorta las penas de los presos de ETA al conmutar los años de condena cumplidos en Francia, han puesto sus cargos a disposición del partido. Así lo ha confirmado este martes en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, al ser preguntado por si alguien de su grupo parlamentario ha puesto su cargo a disposición del partido como ha hecho el diputado de Vox Emilio del Valle, también ponente de la formación de Santiago Abascal para la citada ley, cuya dimisión ha sido rechazada finalmente por su partido.
Tellado ha dicho que «efectivamente, los compañeros del PP que participaron en esa ponencia» han puesto su cargo a disposición del partido, si bien ha indicado que «no es momento de responsabilidad sino de soluciones», recordando que quedan «seis días para que el Gobierno resuelva esto». «Yo creo que debo centrar todos mis esfuerzos en encañonar al Gobierno con la realidad de los hechos. El gobierno puede pararlo si quiere y nosotros estamos obligados a centrar todos nuestros esfuerzos y a no distraernos», ha señalado.
Por su parte, la dirección nacional del PP y el Grupo Popular no se plantean tomar medidas con los diputados de su partido que no detectaron las consecuencias de la ley sobre intercambio europeo de antecedentes penales que puede beneficiar a presos de ETA, ya que entienden que es una responsabilidad «colectiva» y no van a «señalar a nadie en concreto», según han indicado fuentes del PP.
La iniciativa fue calificada por la Mesa del Congreso a mediados de marzo y los grupos dispusieron de tres meses para registrar sus enmiendas ante la Comisión de Justicia. Por el Grupo Popular participaron en el estudio el magistrado y exvicepresidente del CGPJ Fernando de Rosa; la secretaria general del PP, Cuca Gamarra; y la portavoz en la comisión, María Jesús Moro, entre otros. En representación de Vox, Javier Ortega Smith (portavoz), y el catedrático en Derecho Constitucional Carlos Flores.
Los grupos presentaron solo 13 enmiendas, de ellas, dos fueron de Sumar, las de la polémica. Desde julio, los ponentes de cada grupo trabajaron en la redacción de un informe conjunto. Por el PP, los elegidos fueron Rafael Benigno Belmonte, José Manuel Velasco Retamosa y la portavoz de Interior, Ana Belén Vázquez Blanco (ninguno era miembro de la comisión), mientras que Vox designó a Emilio del Valle y a Pedro Fernández Hernández. Velasco defendió la posición del PP en la comisión, a la que Vázquez no pudo asistir y la sustituyó María Jesús Moro.
El informe propuesto por mayoría incorpora las polémicas enmiendas de Sumar. Todos votaron a favor, excepto los tres diputados de Vox, que se abstuvieron. Una semana más tarde, el 18 de septiembre, el Congreso validó la reforma con 346 votos a favor y ninguno en contra (faltaron Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Alberto Núñez Feijoo y el secretario por Sumar en la Mesa, Gerardo Pisarello) tras un debate en el que el portavoz de Vox, Del Valle Rodríguez, manifestó su apoyo a «un proyecto de ley de carácter técnico que no hace más que adaptar nuestra legislación a la normativa europea». Sectores del PP consideran que la responsabilidad es de los letrados de la Comisión de Justicia, pero también de los diputados del PP que forman parte de la comisión.
Sumar dice que la reforma no se presentó a escondidas
El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha defendido que la enmienda que convalida penas a etarras y que fue aprobada por unanimidad en el Congreso «no se ha presentado a escondidas», ya que se votó hasta en tres ocasiones. Además, ha reclamado al PP que sea «valiente» y reconozca que la reforma es «derecho comunitario» de «obligado cumplimiento». «No es verdad que esto se haya hecho a escondidas y es que es un debate pacífico en términos jurídicos», ha esgrimido, añadiendo que la reforma «no va de terrorismo, si no de que los ciudadanos españoles »no sean discriminados respecto al resto de ciudadanos de la Unión Europea«, y de que en un Estado de derecho »simplemente las normas penales no tienen destinatario en función de qué colectivo hablemos«.