La figura del verificador resulta a todas luces innecesaria desde el punto de vista jurídico. Se entiende que las negociaciones entre particulares se sostienen en el principio de mutua confianza y, si se permite la ironía, se ve que en Junts no les acaba de encajar lo de los cambios de opinión de Pedro Sánchez.
La figura del verificador es un eufemismo más de un largo proceso para intentar disfrazar la concesión a Junts de todas sus demandas para que los de Puigdemont accedieran a investir a Pedro Sánchez. En realidad, en una negociación de buena fe que busca el bien común y el interés general, no debería ser necesario recurrir a un tercero que ejerza de árbitro. ¿Tan difícil de explicar es lo que se negocia entre bambalinas para que tenga que haber alguien ajeno, incluso ni siquiera de nacionalidad española, para fiscalizar al presidente del Gobierno?
Con lo sensible que tiene Sánchez su piel en estos días donde casi todo le parece un insulto de fachas, la imposición de Junts, aceptada por el PSOE, conlleva un reconocimiento implícito de que el valor de su palabra es insuficiente para generar confianza en sus interlocutores.
La mera aceptación del papel de ese árbitro internacional deja a España en muy mal lugar y hace poco creíble cada declaración que sitúa a nuestra democracia entre las más avanzadas del mundo, a pesar de que caemos puestos en la clasificación a cada actualización.
Un mediador/verificador se hace necesario para sacar a los rehenes en manos de Hamás y buscar un alto el fuego entre Israel y el grupo terrorista palestino. Un mediador/verificador hará falta, esperemos que más pronto que tarde, entre Ucrania y Rusia para poner fin a una guerra que va camino de los dos años.
Pero un mediador internacional, pese a todos los esfuerzos del entorno etarra y aberzale, no fue necesario para que ETA dejara las armas. Ni con el PP ni tampoco con el PSOE. Aquellas negociaciones se llevaron a cabo con el mismo secretismo que ahora, pero entre actores habituados a cruzarse por la calle, como Jesús Eguiguren o el propio Arnaldo Otegi.
Por eso, como un contribuyente más con derecho a voto, me parece poco responsable este nuevo «cambio de opinión de Sánchez», que hace cuatro meses, en el final de la campaña electoral, defendía, como todos sus ministros y asesores, que la amnistía era inconstitucional. Incluso lo votaron así en el Congreso en el 2021. Pero ahora, los siete votos de Junts hacen necesaria otra concesión impensable. Como antes lo fueron los indultos o las rebajas de las penas de malversación. Si siete votos valen todo esto, ¿qué precio tendrá el referendo que tampoco va a haber?