La reforma de la ley del «solo sí es sí» abre una crisis en el Gobierno de coalición
ESPAÑA
El PSOE presenta una proposición para cambiarla sin contar con Unidas Podemos
07 feb 2023 . Actualizado a las 09:02 h.La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la del «solo sí es sí», sitúa al Gobierno de coalición en el punto más crítico de toda la legislatura, aunque los dos socios descartan la ruptura. El PSOE confirmó este lunes su advertencia a Unidas Podemos y registró unilateralmente en el Congreso su propuesta de reforma de la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad, dirigido por la número dos de Podemos, Irene Montero.
Los socialistas habían ampliado el plazo que se dieron para alcanzar un acuerdo, que vencía el pasado viernes, y estuvieron todo el fin de semana tratando de lograr un pacto con sus socios. Pero finalmente no fue posible un acuerdo para responder a alarma social creada por el hecho de que más de 400 agresores sexuales y violadores se hayan beneficiado ya de la norma, viendo rebajadas sus condenas.
El PSOE no tiene los votos
La propuesta del PSOE no tiene votos suficientes para salir adelante sin el respaldo de Unidas Podemos, por lo que desde los dos sectores del Gobierno aluden a la posibilidad de llegar a un acuerdo durante la tramitación de la proposición de ley introduciendo enmiendas. Pero la otra posibilidad, si no se alcanza un pacto, sería que saliera adelante gracias a los votos del PP.
Los socialistas, sin embargo, adelantaron que no tienen nada que negociar con los populares. «Hay que distinguir entre negociar o que la vote el PP», precisó el portavoz del PSOE, Patxi López. Los socialistas tampoco cuentan de momento con el respaldo de sus socios de ERC, ya que su portavoz, Marta Vilalta, dijo que ve «demasiado laxa en el consentimiento» la reforma planteada. Unidas Podemos pretende hacer un frente con todos los grupos de izquierda para dejar al PSOE solo con el PP.
Líneas rojas de Podemos
En la negociación con el PSOE, el Ministerio de Igualdad se había mostrado dispuesto a ampliar las penas para evitar las rebajas de condena, pero puso la línea roja infranqueable en que no se toque «el consentimiento», que según la titular del ministerio, Irene Montero, esta en el centro de la ley. Patxi López recalcó que la reforma que plantea el PSOE no toca ese punto, que sigue salvaguardado en el artículo 178.1 del Código Penal, y se limita a introducir nuevos subtipos en los que las penas se agravan cuando haya violencia o intimidación. López aseguró que el objetivo es «corregir los efectos no deseados de una muy buena ley y en respuesta a una demanda social» y destacó que no se distingue entre abuso y agresión sexual, porque todas serán agresiones.
La secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, dijo que «este escenario no va de cesiones, egos ni relatos» y que hay que adaptar la ley «a lo que nos exigen los ciudadanos y el respeto a las víctimas». Unidas Podemos considera sin embargo que introducir la violencia y la intimidación como un factor para agravar las penas es una vuelta al modelo del PP, en donde la víctima debe probar que existió esa violencia y se resistió.
Iglesias ataca a Sánchez
«Lo puedes llamar como quieras, pero es volver al modelo anterior», señaló la secretaria de Acción Institucional de Podemos, María Teresa Pérez. Unidas Podemos consideró «inexplicable» e «intolerable» que el PSOE optara por presentar una propuesta unilateral cuando había opciones de consenso.
«El PSOE tendrá que decidir con quién quiere sacar adelante esta ley», advirtió el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, que aseguró que hay «margen para el acuerdo». Más duro se mostró el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que acusó a Sánchez de «echarse a los brazos a Feijoo» y darle una victoria con la propuesta de reforma de la ley al «temblarle las piernas» ante la «presión» de la derecha, cuando hace poco defendió con «pasión» la norma. Según Iglesias, hay jueces que son «machistas y españolistas, que odian el independentismo catalán igual que odian el feminismo».
La propuesta socialista regresa a las penas anteriores a la ley de Igualdad
La reforma de la ley del «solo sí es sí» que plantea el PSOE regresa a la horquilla de penas, de uno a cinco años, que se recogían para el tipo básico de agresiones sexuales en el Código Penal en el 2010. La ley del «solo sí es sí» determina para este delito una pena máxima de cuatro años. El PSOE introduce un punto para establecer que «si la agresión se hubiera cometido empleando violencia o intimidación o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad, su responsable será castigado con pena de uno a cinco años de prisión». Cuando la agresión consistiera en «acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías», estas penas se elevaban a entre 6 y 12 años de prisión. Los socialistas quieren recuperar esas horquillas con la propuesta registrada ayer en el Congreso.
El PSOE también pone el foco en la violencia para modificar la ley del «solo sí es sí», que recoge una pena de cuatro a doce años para las agresiones con penetración (violación). Los socialistas quieren añadir que en el caso de que esta violación incluya violencia e intimidación, esta horquilla de penas sea de 6 a 12 años, como en el 2010.
Fuentes de Justicia precisan que se reconoce la violencia y la intimidación como un subtipo dentro del tipo penal básico de la agresión sexual. De este modo, no se vuelve a distinguir entre abuso y violación y tampoco se toca el consentimiento, ya que se determina que quien pruebe violencia no tendrá que probar la falta de consentimiento.
En el caso de los agravantes, el PSOE también regresa al Código Penal anterior a la ley del «solo sí es sí». Así, mantiene las horquillas de Igualdad —de 2 a 8 años y de 7 a 15 años, en los casos de agresión sexual sin o con penetración, respectivamente— y recupera las horquillas existentes en el Código Penal anterior, de 5 a 10 años y de 12 a 15 años, para los nuevos subtipos que propone ahora: agresiones sexuales con violencia, sin o con penetración.
El PP avanza que apoyará los cambios en la norma si no son otra «chapuza»
El PP apoyará la proposición presentada por el PSOE para modificar la ley del «solo sí es sí» en el caso de que el texto, que estudiarán en detalle, no suponga una «chapuza dos» y sirva al objetivo de evitar las rebajas de penas a agresores sexuales. «Queremos que se reforme esta ley, que se corrijan las consecuencias. Si esta iniciativa lo plantea, no vamos a enrocarnos en cuestiones partidistas», afirmó el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, en una rueda de prensa en la sede del partido.
Desde el Congreso, y tras participar en una reunión con los grupos parlamentarios, el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo respondió a la pregunta de si el PP mantiene su voluntad de apoyar al PSOE en esta reforma diciendo que él intenta «mantener siempre» lo que dice.
«Sectarismo» del PSOE
Sémper reprochó a los socialistas su «sectarismo» por no querer sentarse con su partido, aunque subrayó que no condicionan su apoyo a una negociación, sino únicamente a que se evite la reducción de penas, «las chapuzas de la ley», y por eso si el texto «va en la dirección del Ministerio de Justicia» al PP le parecerá «bien».
El problema, recalcó, «no va a ser el PP», sino que estará «en el seno del Gobierno». Además, incidió en las diferencias entre la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que, según el PP, respalda la necesidad de acordar el cambio de la ley.
El PP preguntó por qué el PSOE no apoyó la proposición que ellos presentaron en diciembre si en la suya recogen «lo mismo». Acusó por ello a los socialistas de estar instalados en un «juego de políticos para políticos».
Sémper denunció que lo ocurrido es, si no un «vodevil», una «auténtica vergüenza», porque el daño es «irreparable» y continúa mientras la ley no se modifique, al tiempo que acusó al Gobierno de «cálculo partidista» y de buscar su bienestar por encima del de las mujeres «revictimizadas». El PP no dejará de pedir responsabilidades aunque finalmente se corrija la ley, advirtió Sémper, que acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser el máximo responsable de las consecuencias de la ley.