María Jesús Montero: «El resto de España tiene que entender que Cataluña está mejor que en el 2017»

María Jesús Montero es ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, dos responsabilidades que por sí mismas dan para consumir todas las horas del día. Recibe a este periódico al final de una semana en la que, con el presidente del Gobierno fuera de España. Defiende que la reforma de la sedición era necesaria para rebajar la tensión en Cataluña y que el delito de rebelión no se va a tocar.

—Hablemos de la supresión de la sedición pactada con ERC. ¿No hay algo perverso en modificar un delito con su infractor?

—El presidente tenía muy claro desde que llegó a la Moncloa que había heredado un conflicto territorial y que su responsabilidad era poner los medios para que, al final de la legislatura, la situación en Cataluña fuera sensiblemente distinta, destensarla. Hemos conseguido avanzar mucho, pero hay que consolidar esos avances. De ahí que los grupos parlamentarios hayan presentado la reforma del delito de sedición. Había que homologarlo a nuestros socios europeos. Es que tal y como está definido en nuestro Código Penal, por ejemplo, está permitiendo que el señor Puigdemont se pasee por Bruselas con impunidad, porque no ha sido posible su extradición.

—Las razones esgrimidas por los tribunales europeos para denegar la extradición no tienen que ver con esa «homologación»…

— Por razones distintas, hoy por hoy todavía esa situación no se ha podido producir. Y, cuando eso se produzca, y ojalá se produzca, el señor Puigdemont tendrá que responder ante los tribunales. Lo que los grupos independentistas querían era la eliminación del delito de sedición y eso no se ha producido.

—Eliminarse se elimina…

—Se redefine, se homologa con otros países similares, porque este delito, tal como está en nuestro Código Penal, tiene 200 años.

—Bueno, es de 1995. ¿Cuántos años tiene el asesinato?

—Pero a lo mejor hay delitos que han ido teniendo modificaciones y se han ido adaptando a nuevas realidades. Este no. Parece de sentido común que se pueda revisar cuando parezca oportuno. Porque es mentira lo que dice el PP cuando habla de que otros países tienen penas asimilables. Habla del delito de rebelión, no del de sedición. Y el delito de rebelión no se va a tocar.

—Sin embargo, era el delito que Sánchez defendía reformar en la oposición, precisamente para poder juzgar los acontecimientos de 2017 como rebelión.

—Porque en ese momento hubo una controversia jurídica respecto a cómo se podían calificar unos hechos extraordinariamente graves. Este Gobierno está adoptando respuestas que lo que pretenden es tener un marco claro para que nadie vuelva a tener la tentación de cometer esos delitos y, por otra parte, ayudando a distender la convivencia en Cataluña. Creo que no es reprochable.

—ERC también pide, para desjudicializar, que se rebajen las penas del delito de malversación. En su partido eso despierta reticencias. ¿No lo descarta?

—Es muy difícil pronunciarse en el abstracto sobre pretensiones de otros grupos. Hay que esperar a ver qué es lo que se plantea.

—¿Cree que más allá de Cataluña se entiende lo que hacen?

—En el resto de España se tiene que entender que este Gobierno ha permitido con sus actuaciones que hoy la situación en Cataluña sea mejor que la de 2017, cuando había un choque de trenes abocado a terminar muy mal.

—Otra polémica. El informe del Defensor del Pueblo sobre la tragedia de Melilla es muy duro con la actuación de la Guardia Civil. ¿Lo pueden pasar por alto?

—Tiene que servir para mejorar siempre. Pero lo que se discute no es si la actuación fue mejorable, todo lo es, sino si hubo una respuesta desproporcionada por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Eso es lo que la Fiscalía tiene que investigar. Y el Gobierno tiene que colaborar.

 «Los gasolineros no pueden ser inspectores fiscales»

Con su tercer Presupuesto encarrilado en las Cortes, sobre la mesa de la ministra María Jesús Montero se encuentran los análisis para decidir qué medidas del actual plan anticrisis cabe prorrogar. Ello sin obviar los pasos del nuevo impuesto a las energéticas y la banca, suavizado tras los últimos cambios en el trámite parlamentario.

—¿Puede acabar ese impuesto abocado a la mínima expresión?

—Se han incorporado modificaciones que devienen de la negociación con los grupos, como pasa con cualquier proyecto de ley, y también de la adaptación de la resolución que emitió la Comisión Europea una vez ya se había iniciado el trámite parlamentario. En cualquier caso, el principio básico de que las empresas realizaran una aportación adicional que permitiera financiar los recursos de las medidas que se van a dirigir a la mayoría social del país sigue en marcha. El impacto de estas modificaciones está en el entorno de los 250 millones de euros. Pero también le da mayor seguridad.

—El de los futuros recursos judiciales es uno de los hándicaps que planteaba el proyecto…

—El impuesto gana fortaleza con todo lo que se le incorpora de mejora, lo que le permite ser más robusto jurídicamente. Y cuenta con todos los elementos necesarios por si posteriormente alguien lo lleva a los tribunales, sobre todo aquellos que defienden los intereses de las empresas aunque no siempre lo dicen de forma explícita. Detrás de toda la retahíla de reproches que plantea el PP, lo que busca son excusas. Porque son más representativos de los intereses eléctricos, grandes patrimonios y entidades financieras que de la mayoría social que necesita una redistribución de los esfuerzo.

—Mantienen gravar ingresos frente a beneficios, a pesar de la recomendación de Bruselas.

—Nosotros incorporamos a la resolución de la Comisión no solamente la definición respecto a lo que ya se había planteado de los beneficios extraordinarios, sino que se respetarían todas las decisiones que se hubieran adaptado previamente en relación con gravar los intereses similares a los que ahí se pretendían regular. Es decir, que previamente a que a que la Comisión emitiera la resolución ya planteó los elementos que permiten compatibilizar nuestro impuesto con lo que en el futuro se pueda desarrollar en otra parte. Y, por lo tanto, estamos perfectamente adaptados a todas esas recomendaciones.

—Falta poco más de un mes para que finalice el año y, con ello, el fin de las medidas para luchar contra la inflación. ¿Cuáles va a modular, cambiar o eliminar?

—Es precipitado aún. Estamos acercándonos todo lo posible a la situación del año que viene para acertar, dada la volatilidad del petróleo, la luz, la inflación… Hay algunas medidas que han tenido un efecto muy importante sobre la inflación y todo apunta a su prórroga. Otras, tendremos que ver, por su coste eficaz, si tienen ya ese papel. Lo importante es que tienen que ser fácilmente gestionadas; es decir, que aunque en teoría puede haber muchas cuestiones que a uno le gustaría, luego tienen que producir un resultado en el mes de enero, febrero o marzo. Porque hay cuestiones en política fiscal que si no se hacen así no tienen el impacto hasta pasado un año vencido, cuando ya las familias no tendrían que sortear los efectos de la crisis. El objetivo es ver qué medidas son buenas para el control de la inflación y para que las familias tengan un apoyo añadido en los combustibles o la factura de la luz.

—Cuando habla de medidas ‘gestionables’, ¿se refiere a la bonificación del combustible, que llega a todos los ciudadanos aunque lo deseable sería segmentarla por rentas?

—Me refiero a que se puede plantear el argumento de que se pudiera profundizar en esas cuestiones que algunos países han hecho, pero que en las que han tenido que dar marcha atrás por no ser aplicables o porque han dado lugar a un fraude importante. Lo que no podemos hacer es que los gasolineros sean inspectores tributarios para dedicarse a ver qué nivel de renta tiene cada uno. Si los precios de los combustibles siguen siendo tan altos como cuando se adoptó esa ayuda, habrá que actuar en consecuencia. Si ya vemos que se va normalizando la situación del petróleo, habrá que proteger al transporte. Eso es lo que se va a decidir estas semanas.

—¿Y todo ello aunque sea a coste de mermar la recaudación?

—Hay medidas estructurales, como la gratuidad del ferrocarril, que se han incluído en el Presupuesto. Pero hay otras que van a cargo de una reserva. Se nos ha criticado el Presupuesto por prudente. Pero si la inflación se mantiene y las condiciones lo aconsejan, estamos en condiciones de financiar 10.000 millones de euros en medidas que nos permitan continuar ayudando a las familias y, a la vez, mantener la estabilidad fiscal.

«No hay una cacería contra Irene Montero»

La ministra de Hacienda admite que la ley del «solo sí es sí» concierne a todo el Ejecutivo y defiende a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Pero también censura sus ataques a la judicatura.

—¿Tiene fe en que el Supremo frene la cascada de revisiones a la baja de penas por la ley del ‘solo sí es sí? No parece fácil.

—Tengo fe y creo que es bueno que ese pronunciamiento se haga lo antes posible. La ley se hace para proteger a las víctimas, y tenía como objeto fundamental a las mujeres y los menores víctimas de lo que entonces se llamaban abusos. Si en este momento hay algunos tribunales que están interpretando algo distinto, es bueno que se armonice doctrina y que vaya en la dirección que el legislador pretendió, que fue el endurecimiento de las penas.

—Fue la primera dirigente de su partido que abrió la puerta a la revisar la ley. ¿Se sintió desautorizada cuando el presidente dijo que había que esperar a la unificación de doctrina?

—Para nada. Lo que dije es que, ante casos tan graves como los que estábamos conociendo, que generan un rechazo absoluto y la repugnancia de toda la sociedad, había que estudiar las sentencias. Y en función de eso habrá que tomar las decisiones oportunas.

—¿Extrae el Gobierno alguna lección de lo que está pasando con esta ley, sobre cuya calidad técnico-jurídica existieron dudas desde un inicio? En tramitación hay ahora otra norma que genera enorme debate, la ley trans…

—La ley era una ley muy bien hecha que perseguía justamente lo que digo. Es verdad que a lo largo de nuestra historia democrática siempre se pone un foco añadido por parte de otros sobre la calidad técnica de leyes que tienen que ver con los derechos de las mujeres o de algunos colectivos discriminados por cuestiones de sexo, ideología o raza. Ocurrió con el matrimonio homosexual.

—¿Cree que, como piden algunas asociaciones y el PP, la ministra de Igualdad debería dimitir o, como sostiene Podemos, está siendo víctima de una cacería?

—Ni una cosa ni la otra. Lo primero, porque cualquier texto legislativo que sale del Consejo de Ministros es compartido. No es una responsabilidad de un ministro particular. Y, lo segundo, porque nunca he entendido así la crítica política. Probablemente porque soy ministra de Hacienda. Muchas críticas van dirigidas a mí y nunca tengo una sensación de que se pretenda agredirme en particular. Todo hay que abordarlo desde un debate mucho más global en el que el objetivo es una mayor protección de las mujeres, de las niñas y niños.

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