Cuatro de los siete consejeros de ERC, con causas pendientes con la Justicia

Redacción LA VOZ

ESPAÑA

El presidente Aragonès fue recibido ayer en su primer acto oficial, en Sabadell, por una manifestación a favor de la sanidad pública
El presidente Aragonès fue recibido ayer en su primer acto oficial, en Sabadell, por una manifestación a favor de la sanidad pública David Zorrakino | EUROPA PRESS

Roger Torrent, Tània Verge, Natàlia Garriga y Josep González-Cambray están inmersos en procesos judiciales

26 may 2021 . Actualizado a las 09:13 h.

El republicano Pere Aragonès se estrenó ayer en el cargo de presidente de la Generalitat con mal pie. Además de la enfrenta que protagonizó la CUP asaltando la sede de ERC por la participación de agentes de los Mossos en un desahucio a primera hora de la mañana, él se encontró en su primer acto oficial, ?una visita a un hospital en Sabadell- con una manifestación de sanitarios reclamando que no se privatice la sanidad y se le asigne el presupuesto que necesita tras años de recortes. Después, visitó a los independentistas presos en las tres cárceles donde cumplen sus condenas, y firmó el decreto de nombramiento de los catorce consejeros del nuevo Gobierno, que hoy tomarán posesión de sus cargos. Siete son de ERC y los otros siete, de JxCat. Son ocho mujeres y seis hombres.

De los designados por Esquerra, cuatro -Roger Torrent, Josep González-Cambray, Tània Verge y Natàlia Garriga- están inmersos en procesos judiciales lo que hace augurar una legislatura complicada y que, de prosperar, podrían acarrear su inhabilitación, recoge Efe. 

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Roger Torrent. Está siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), junto al resto de miembros de JxCat y ERC en la Mesa del Parlamento de la pasada legislatura, por desobedecer al Tribunal Constitucional al permitir la tramitación de resoluciones a favor del derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía. En la causa, abierta a raíz de una querella de la Fiscalía, Torrent está pendiente de ser citado a declarar como investigado por un delito de desobediencia, que no acarrea penas de cárcel, pero sí de inhabilitación para empleo y cargo público.