La Fiscalía mantiene la pena de tres años de cárcel para Cifuentes por presuntamente falsificar su máster

La fiscala Pilar Santos ha expuesto en la última jornada en el juicio contra la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes que el delito de falsedad documental del que se le acusa está acreditado, manifestando que la exdirigente popular era «la única, la primera y la última beneficiaria» del acta falsificada de su trabajo de fin de máster que se confeccionó con la finalidad de «salvar su reputación y su carrera política».

El juicio quedará hoy visto para sentencia. A lo largo de la sesión, las partes exponen sus conclusiones finales, con lo que se dará paso a la última palabra de las tres acusadas. La defensa de la exlíder madrileña, el abogado José Antonio Choclán, solicita la libre absolución de su patrocinada apuntando a la responsabilidad de la universidad.

Con voz firme y contundente, la representante del Ministerio Fiscal ha detallado cada una de las irregularidades que a su juicio enervan la presunción de inocencia de Cifuentes para sustentar su solicitud de tres años de cárcel y tres meses por la citada infracción penal.

En su declaración, Cifuentes relató ante el tribunal que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el trabajo final sin exponerlo ante el tribunal, algo que también hicieron varios testigos que han comparecido en la vista oral.

«Salvar su reputación»

En su exposición, la fiscala ha relatado que la expresidenta regional conoció el máster de la URJC a través de Dionisio Ramos, quien le puso en contacto con el director del Instituto de Derecho Público (IDP) Enrique Álvarez Conde -fallecido-. Álvarez Conde «le dio todas las facilidades necesarias» para conseguir el título pese a no ir a clase y entregándole a él mismo trabajos en papel sin perjuicio del titular de la asignatura.

«Nunca hubo comunicación con los profesores ni nunca la señora Cifuentes se interesó por las notas. Nada de lo manifestado por ella ha sido acreditado pero lo cierto es que sus calificaciones, menos la del catedrático Pablo chico y la del trabajo fin de carrera, fueron introducidas en el sistema», ha señalado.

«Irregularidades demasiado notorias»

Tras ello, ha indicado que hay «ciertas irregularidades demasiado notorias». En primer lugar, ha citado que el dato manifestado por Cifuentes en relación a la entrega el 2 de julio del 2012 de su trabajo a dos mujeres y un hombre en un despacho sería «algo incompatible» dado que la asignatura de Pablo Chico no estaba aprobada y no se puede realizan una defensa del trabajo final sin todas las asignaturas aprobadas.

Otra de las irregularidades se refiere a la modificación de dos de las asignaturas -la de Pablo Chico y la del trabajo final- por parte de la funcionaria Amalia Calonge y compañera de la hermana de Cifuentes en la universidad, quien no estaba autorizada para estos cambios.

«Siempre aparecen los mismos protagonistas», ha incidido la fiscal, quien ha subrayado que ha quedado «clarísimo» que Calonge no tenía competencia para ejecutar estas modificaciones conforme a la testifical del responsable del servicio. Además, ha hecho alusión a la declaración del profesor y catedrático Pablo Chico, quien afirmó que nunca le comentó a Calonge que modificara la nota del trabajo de fin de carrera.

La tercera de las anomalías detectadas sería el pago del máster cuatro meses después de defenderlo cuando en ese caso hay que hacer «una petición expresa» por parte del alumno y no consta. «El 21 de marzo de 2018, Cifuentes tuvo un día duro y difícil porque ella mismo lo dijo en el vídeo colgado en sus redes sociales. Y le encomendó a su gabinete recabar toda la documentación posible», ha señalado.

Así, ha mencionado la testifical del rector de la URJC, Javier Ramos, quien relató las llamadas «reiteradas» que recibió ese 21 de marzo del entonces consejero de Educación Rafael Van Grieken para solicitarle el acta de defensa del trabajo fin de carrera dado que estaba «en entredicho» la reputación de las universidades públicas madrileñas.

«Pero que yo sepa no hubo ningún comunicado respaldando a la universidad», ha subrayado Santos Echevarría indicando que la insistencia se produce a partir de la rueda de prensa ofrecida por el rector y Álvarez Conde, junto a varios de los profesores del máster.

Consecuencias nefastas

«Cifuentes sabía que las consecuencias podían ser nefastas. Ella no llamó. Había que cuidar las formas pero estaba al tanto de todos los acontecimientos. Era la única, la primera y la última que se benefició del acta, era ella y su carrera política. El interés y la presión se hacían en su nombre para que la universidad diera la cara y asegurara fehacientemente que había completado el máster», ha aseverado.

Por ello, ha recalcado que está acreditado que fue la inductora del acta «a la vista de que se quería salvar su reputación», por lo que el acta debía «responder a las exigencias» del entorno de la expresidenta regional.

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