El Tribunal Superior de Justicia mantiene el 14F en contra del criterio de la Generalitat

M. L. REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA

La portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, y el consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé, responsable de la convocatoria electoral
La portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, y el consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé, responsable de la convocatoria electoral Rubén Moreno | EUROPA PRESS

Da la razón a los recurrentes y el lunes divulgará los argumentos para tumbar el decreto de aplazamiento

30 ene 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

No habrá aplazamiento electoral en Cataluña. Los comicios serán ya de forma definitiva el 14 de febrero. Así lo adelantó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que el lunes hará público el auto.

El Gobierno catalán pretendía que fuesen el 30 de mayo, pero la sala de lo contencioso del TSJC anuló el decreto de la Generalitat que suspendía la convocatoria del 14F. La Justicia da la razón a quienes impugnaron (ocho recursos) la decisión de la Generalitat, como PACMA, Lliga Democràtica, Federalistas de Izquierdas, Izquierda en Positivo e Impulso Ciudadano. Esta suspensión ya fue decretada por el TSJC de forma cautelar hace una semana. Entonces, anunció que se daba hasta el 8 de febrero como máximo para tomar una decisión definitiva, pero que mantenía las elecciones en curso porque de lo contrario no sería posible celebrarlas en la fecha prevista.

El Gobierno autonómico adujo razones sanitarias para aplazar los comicios. El TSJC rechazó esa argumentación, pues no hay una «limitación sustancial de la movilidad» y «la suspensión del derecho a voto no está prevista en el actual estado de alarma». Además, si fueran el 30 de mayo se abriría un «período prolongado de provisionalidad que afecta al normal funcionamiento de las instituciones democráticas».

La Fiscalía consideró que el decreto que aplazó las elecciones infringe la normativa electoral y podría afectar al derecho a voto, como alegaron los recurrentes.