Bruselas asesta otro revés a Puigdemont al rechazar una iniciativa que pedía sancionar a España por «vulnerar sus derechos»

El conocido como «botón nuclear» de la UE, el que marca la calidad democrática de un país, está definido en el artículo 7 del Tratado. Se ideó casi como un mero trámite, pensando en que jamás se usaría. Así ocurrió, por ejemplo, con el 50, el del brexit, el que dice cómo debe salir un Estado miembro del club. Son salvaguardas, líneas rojas que los legisladores jamás creyeron que se iban a traspasar hasta que se dieron de bruces con la realidad, como sucedió en Cataluña con el 155 de la Constitución. Este artículo 7 de la UE contempla la imposición de sanciones a un país por la vulneración del Estado de derecho, que es lo que a juicio de Carles Puigdemont está sucediendo en España y por eso había abanderado, junto a la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, una iniciativa ciudadana que exigía medidas contra Madrid. El problema, de nuevo, es que la forma de ver la realidad que tiene el expresidente catalán fugado en Waterloo está a un mundo de cómo se ve en Bruselas.

La Comisión Europea anunció este miércoles que desestimaba esta iniciativa porque no tenía cabida en la legislación comunitaria. El Colegio de Comisarios trató cuatro y esta, la catalana, fue la única que cayó en saco roto. El Ejecutivo comunitario ni siquiera ha dado pie a analizar el fondo del asunto al considerarla «inadmisible sobre la base de su plan jurídico y manifiestamente fuera de las atribuciones de la Comisión en virtud de los tratados europeos». El portavoz jefe de la institución, Margaritis Schinas, explicó que «la Comisión ha decidido que no puede registrar la iniciativa «Derecho de la UE, derechos de las minorías y democratización de las instituciones españolas» ya que los organizadores de esta iniciativa no invitan a la Comisión a hacer una proposición para una legal act, que es el alma de la Iniciativa Ciudadana Europea».

Los plenos del 2017

Solo la Comisión o el Parlamento tienen la potestad de iniciar el procedimiento en defensa de los valores europeos que recoge el artículo 7 y que hasta la fecha solo se ha utilizado contra Polonia y Hungría, ambos aún en diálogo con las instituciones sobre sus supuestas violaciones referidas, sobre todo, a la independencia judicial.

Si Bruselas hubiera admitido el registro, comenzaría un período de un año en el que la iniciativa necesitaría un millón de firmas de apoyo de al menos siete países distintos para formalizar su validez, y el Ejecutivo europeo, además, se hubiera tenido que pronunciar al respecto. Durante su presentación el pasado mayo, Carles Puigdemont advirtió de que si el Ejecutivo liderado por Jean-Claude Juncker no aceptara el registro de su iniciativa, existe «jurisprudencia válida» para recurrir el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), algo que salvo sorpresa harán. Y no solo por lo que dijo entonces, sino porque ha hecho de los recursos ante las instituciones judiciales comunitarias su razón de ser en esta particular cruzada emprendida contra Madrid.

Lo paradójico, aseguran fuentes comunitarias, es que si hubo un momento en el que Bruselas debía haber actuado contra el Reino de España fue en septiembre del 2017, «porque en una parte del país, concretamente en Cataluña, se vulneraron los derechos de la oposición» en los plenos celebrados en el Parlamento autonómico a principios de ese mes.

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