C’s acusa a Carmen Calvo de obligar a los funcionarios a trabajar para el beneficio del PSOE.
Sánchez amenaza con liquidar la paz de las precampañas
Con las Cortes disueltas desde el pasado martes, la Diputación Permanente del Congreso es la encargada de velar por la Cámara Baja. Se trata de una selección de 65 diputados proporcional al reparto de escaños en el hemiciclo . En teoría solo se reúnen para decidir sobre asuntos muy urgentes, como el estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio, o para la convalidación de los decretos leyes que impulse el Gobierno entre legislaturas. A lo largo de las cuatro décadas de democracia la Diputación Permanente ha aprobado 39 reales decretos a petición de la Moncloa. Seis con Suárez a la conclusión de la legislatura constituyente, nueve con Calvo Sotelo, 16 repartidos al finalizar las tres legislaturas en las que gobernó González, uno de Aznar, seis de Zapatero y otro de Rajoy. De todos ellos, 36 (el 92,3%) han atendido a cuestiones que revestían cierta urgencia, como paliar desperfectos motivados por catástrofes naturales o atender a pagos. Y solo los tres restantes han respondido a cuestiones de iniciativa política, debido a que los Gobiernos tenían por costumbre respetar el período electoral como un tiempo de neutralidad. El primero data de 1976, cuando Suárez impulsó la creación del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación para dar respuesta a las presiones de sindicatos y empresarios. Tres años más tarde su sucesor al frente de UCD y en el Ejecutivo, Calvo Sotelo, convocó a la Diputación Permanente para legislar sobre la jubilación del profesorado. El último hasta la fecha fue a iniciativa de Aznar, con el que impulsó la mejora de la protección familiar de la Seguridad Social a través de la que se beneficiarían las familias numerosas. Por mencionar un solo caso del resto de reales decretos convalidados por la Diputación Permanente, el último, impulsado por Rajoy, fue «para reparar los daños causados por los temporales de lluvia en Canarias».
Los viernes sociales de Sánchez amenazan con aniquilar esta regla de recurrir al decreto ley durante la precampaña solo en casos de urgencia, ya que en los ocho consejos de ministros ordinarios que restan hasta las elecciones del próximo 28 de abril, el Ejecutivo ya ha avanzado que no tiene pensado detener su acción de Gobierno, y, de paso, apuntalar su campaña electoral con el altavoz de la Moncloa.
