Urkullu culpa a Puigdemont de la aplicación del artículo 155

Ana Balseiro
ana balseiro MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

| EFE
Tribunal Supremo

«Me dijo que no podía convocar elecciones porque la calle se le rebelaba y por la presión de su partido», desveló el lendakari

01 mar 2019 . Actualizado a las 07:56 h.

Al menos una diferencia evidente en la percepción de los hechos. Eso es lo que quedó patente ayer en el Supremo tras la declaración del lendakari vasco, Íñigo Urkullu. En contra de lo que Mariano Rajoy aseguró la víspera ante el mismo tribunal, negando que nadie hubiera «mediado nada» en el desafío secesionista porque las posiciones de ambas partes estaban claras y eran irreconciliables, Urkullu confirmó que él trató de tender puentes entre el Gobierno central y el catalán para desbloquear el callejón en el que el secesionismo se había metido y evitar la aplicación del artículo 155.

Pausado y exquisitamente preciso, el lendakari -testigo a propuesta de Francesc Homs, defensor de los exconsejeros Josep Rull y Jordi Turull y del expresidente de la ANC, Jordi Sánchez- explicó que había sido el expresidente Carles Puigdemont el que le pidió que interviniera para «encauzar» la situación de «bloqueo absoluto» y alcanzar una «solución pactada» entre ambos gobiernos. La petición se produjo el 19 de junio del 2017, y ese mismo día ya mantuvo un encuentro «en la sala de autoridades del aeropuerto de Barcelona» con la exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, trasladándoselo y solicitándole una reunión con Rajoy.

Sobre un encuentro que el expresidente evitó concretar (dijo no recordar si fue presencial o telefónico), Urkullu precisó que se produjo el 19 de julio, en la Moncloa y por espacio de dos horas. Al mismo le siguió, ya el 21 de septiembre, una conversación telefónica en la que el lendakari -según explicó- le expuso a Rajoy que lo ocurrido la víspera ante la consejería de Economía demostraba que «todo se estaba yendo de las manos». «Le trasladé que había que medir mucho los pasos para evitar una fractura social, y el presidente me dijo que haría lo mínimo y que cuidaría lo máximo» para lograrlo. 

Contrario a la vía unilateral

Subrayó que su pretensión en todo momento fue «ir presentando propuestas a la Generalitat y al Gobierno español» para que dialogaran y no se frustrara una posibilidad de acuerdo, que en todo caso nunca pasaría por una declaración unilateral de independencia (DUI): «No entiendo una acción basada en la crispación».

Recordó que su actividad de interlocución fue «intensa» a partir del 1 de octubre, concretamente entre el 4 y el 27 de octubre del 2017, ya que fueron «muchos» los que le solicitaron que «intercediera». Calificó de «prolija» la relación que mantuvo con todo tipo de responsables políticos, institucionales y sociales en aquel período.

Preguntado por la actitud de Puigdemont y Rajoy a sus propuestas, subrayó que fue de «disposición al diálogo» en el caso del primero, mientras que la del segundo fue «de escucha y atención, pero no una actitud proactiva» para intentar encauzar la situación. El expresidente insistió la víspera en que dejó claro que no quebrantaría la Constitución ni negociaría la soberanía nacional, lo que corroboró Urkullu. 

Creyó que convocaría comicios

En este punto señaló que, por las conversaciones mantenidas con Puigdemont en la mañana del 26 de octubre, creyó que convocaría elecciones. Explicó que el presidente catalán le pedía «alguna garantía» de que Rajoy no aplicaría el 155, pero que él no podría ofrecérsela, más allá de su «intuición» de que el presidente «no era muy dado» a aplicarlo.

Finalmente, la labor del político vasco para reconducir la situación en Cataluña fue inútil, ya que el día 27 no se convocaron las elecciones sino que se aprobó la declaración unilateral de independencia, algo que Urkullu achacó a la «presión» que sobre Puigdemont ejerció «la gente de la plaza de Sant Jaume, que se estaba rebelando» y su propio grupo político, Junts pel Sí.

Por su parte, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, matizó en un programa televisivo que el lendakari «más que mediar, intermedió» para evitar el enfrentamiento. «Pero no salió bien y fue un poco frustrante porque estuvimos cerca», lamentó. Desde el PP, Pablo Casado se alineó con Rajoy asegurando que Urkullu «pudo ser interlocutor, pero en ningún caso mediador». Confirmó la versión de Rajoy de que fueron muy prudentes antes de aplicar el 155.

Zoido defiende que la actuación policial del 1-0 fue proporcionada, pero se desvincula de ella

El exministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, hizo el jueves una defensa cerrada de la actuación de los cuerpos policiales del Estado desplegados en Cataluña durante el 1 de octubre, aunque se desvinculó tanto del diseño como de cualquier otra responsabilidad sobre el operativo, sobre el que reconoció no haber pedido tampoco «detalles». Ante el tribunal, aseguró que los 6.000 agentes desplazados «hicieron un uso racional y proporcional de la fuerza» para impedir «un acto delictivo, como fue el referendo ilegal», ante la «ineficacia» de los Mossos.

Negó el uso injustificado de la fuerza policial y aseguró que los agentes se encontraron con «auténticos escudos humanos» para impedir que requisaran el material electoral. «En aquellos lugares donde no hubo ningún impedimento, no pasó nada. Se llevaron el material y no pasó nada», insistió, destacando que «tuvieron una actuación destacada en unas situaciones muy adversas». Negó cualquier responsabilidad sobre las cargas, señalando que la competencia era de los mandos policiales. El coronel Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo, será uno de los próximos en testificar, el martes 5.

Zoido explicó también que el despliegue de policías y guardias civiles se decidió tras lo ocurrido el 20S y se planteó como «auxilio» a los Mossos y también como policía judicial. Pero que tal función cambió dos días antes del referendo ilegal -dijo, aludiendo una instrucción del secretario de Estado del 29 de septiembre- ya que, ante la «ineficacia» de la policía autonómica, se optó por sustituirla. Recordó que, pese a que el mayor Trapero, responsable de los mossos, no era «muy colaborador», Pérez de los Cobos sin embargo confiaba en que «cumplirían».

En línea con lo ya declarado tanto por Rajoy como por Sáenz de Santamaría, el exministro culpó al Gobierno catalán de lo ocurrido el 1-O por negarse a desistir del proceso secesionista. «En muchas ocasiones he pensado qué hubiera sucedido si no se hubiera animado, impulsado y facilitado el referendo», se preguntó, para añadir «si no habría sido todo distinto» si en lugar de 6.000 mossos hubiera habido 12.000 (como en las autonómicas del 21 de diciembre) «apoyados por otros 6.000 policías y guardias civiles».