La interventora de la Junta declara que los ERE se daban sin «fiscalización previa»

Rosario Lobo vio «irregularidades administrativas» en las ayudas investigadas


redacción / la voz

La interventora de la Junta de Andalucía Rosario Lobo, jefa del Servicio de Fiscalización de la Intervención del 2000 al 2012, que declaró ayer como testigo en el caso de los ERE, vio en los expedientes administrativos para conceder las ayudas investigadas «irregularidades administrativas» y que se daban «sin fiscalización previa», pero no pudo detectar menoscabo de fondos públicos porque la documentación no incluía el expediente de gasto.

Las ayudas las concedía la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, pero las pagaba la agencia pública Idea con fondos que Empleo le enviaba mediante transferencias de financiación. Según las acusaciones, este método se utilizó para evitar la fiscalización previa a la que está sometida toda subvención pagada por un órgano de la Junta, mientras que los gastos ejecutados por entes instrumentales como Idea se fiscalizaban a posteriori en el marco del control financiero permanente. Lobo manifestó que las irregularidades administrativas son imputables a la Dirección General de Trabajo, que es el órgano gestor de las ayudas y había tramitado los expedientes. También es la responsable de no llevar a cabo el expediente de gasto en la concesión. «Nuestra misión era la fiscalización y si detectamos menoscabo debemos ponerlo en conocimiento de la Consejería de Hacienda», añadió. 

María José Rofa, asesora técnica de la Dirección General de Trabajo del 2008 al 2011, apuntó directamente a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, de los que dijo que tenían «información continua» sobre las ayudas de los expedientes de regulación de empleo otorgados por la Consejería de Empleo.

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