La reforma constitucional encalla tras la salida de C's de la comisión territorial

El clima de crispación hace naufragar todos los pactos de Estado en el Parlamento

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Madrid / La Voz

El clima de tensión entre las distintas fuerzas políticas y el ambiente casi preelectoral a un año de los comicios autonómicos y municipales han acabado con cualquier posibilidad de que los partidos alcancen grandes pactos de Estado en los foros creados para ello en el Congreso. La puntilla la dio ayer Ciudadanos al abandonar la comisión sobre el futuro del modelo territorial impulsada por el PSOE para abordar una reforma constitucional. La justificación que dio para ello el líder de los naranjas, Albert Rivera, es que esa comisión no solo no está funcionando, sino que los socialistas la utilizan para crear un relato «partidista» y «sectario» que legitima la idea de «nación de naciones» defendida por Pedro Sánchez. Para contrarrestar ese concepto, Ciudadanos había pedido la comparecencia de dirigentes del PSOE críticos con Sánchez y contrarios a la reforma de la Constitución, como Alfonso Guerra o José Bono. Y el veto socialista a esas comparecencias provocó la espantada de los de Rivera, que invitaron a PSOE y PP a debatir exclusivamente entre ellos «todo lo que han hecho mal en cuarenta años».

PP y PSOE se quedan solos

Y, en efecto, socialistas y populares se quedan solos en una comisión de la que el resto de las fuerzas rechazaron formar parte por entender que no era apropiada para solucionar la crisis independentista en Cataluña. Aunque el PP se sumó en su día a este foro a regañadientes, ayer cargó contra Ciudadanos, demostrando la crisis de confianza entre ambas fuerzas. El portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, criticó el «infantilismo y oportunismo» de los de Rivera y tachó de excusa «peregrina» el veto a la comparecencia de socialistas críticos. Explicó que el PP ha solicitado también la presencia en la comisión de dirigentes del PSOE como Guerra, Bono o Rodríguez Ibarra, y que estos acudirán «en su momento» a expresar «cuál es su modelo territorial».

La vice secretaria general del PSOE, Adriana Lastra, acusó también a Ciudadanos de abandonar la comisión sobre el modelo territorial para buscar la «confrontación entre territorios», persiguiendo solo el rédito electoral. Pese a la puntilla que supone la decisión de Ciudadanos, los socialistas anunciaron que seguirán participando en los trabajos de la comisión porque su obligación es poner soluciones sobre la mesa» ante una «situación de gran conflicto entre territorios».

Y si la comisión territorial queda así herida de muerte, lo mismo ocurre con la subcomisión para el Pacto de Estado Social y Político por la Educación, que ayer fue abandonada por el PNV. Antes ya lo habían hecho el PSOE, Unidos Podemos, ERC y PDECat, por lo que solo quedan el PP y Ciudadanos como únicos representantes. Ante ello, ambos partidos solicitaron ayer un informe jurídico para saber si solo con ellos hay cuórum para poder votar los puntos debatidos en la subcomisión.

Según explicaron los nacionalistas vascos, la salida de otras formaciones de este foro no permite que el órgano «tenga la pluralidad necesaria» para que se logre un acuerdo, ni tampoco para que se cumplan las reclamaciones competenciales en materia de educación que hizo en su día el PNV para sumarse.

Fracasado pacto por la Justicia

Y también ha naufragado la subcomisión creada hace un año para diseñar un pacto por la modernización de la Administración de Justicia, que fue perdiendo miembros en un goteo que inició Unidos Podemos y continuó con la salida de Ciudadanos, que alegó la negativa del PP y del PSOE a modificar el sistema vigente para la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que los de Rivera consideraban irrenunciable. Así las cosas, la subcomisión echó el cierre el pasado jueves sin votar siquiera las 103 medidas parciales que se habían aprobado ya, aunque el Gobierno ha anunciado que las hará suyas.

El Congreso pide que el debate de la nación se celebre en abril, pero Rajoy no lo quiere hasta junio

Tres años después del último, celebrado en el 2015, el Parlamento volverá a albergar un debate sobre el estado de la nación. Lo que de momento no está claro es la fecha. Ayer, Unidos Podemos consiguió que el Congreso aprobara una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a convocarlo casi de inmediato, en el mes de abril. Pero Mariano Rajoy, que ya se ha comprometido a celebrarlo este año, prefiere esperar al mes de junio, ya que considera prioritario llegar la debate de política general con los Presupuestos Generales del Estado para el 2018 aprobados, aunque de momento no tiene asegurada la mayoría suficiente para ello. Las cuentas públicas serán presentadas el 23 de marzo y llegarán al Congreso para iniciar su tramitación el 3 de abril.

Presión de Podemos y Ciudadanos

Aunque la aprobación de una proposición no de ley no obliga al Gobierno, en un principio el PP anunció por sorpresa su intención de apoyar la propuesta de Podemos, que inicialmente exigía que el debate de política general tuviera lugar en este período de sesiones, que concluye en junio. Pero los de Pablo Iglesias desactivaron la maniobra aceptando una enmienda de Ciudadanos que pedía que tuviera lugar en abril. El resto de los grupos se sumaron a ese planteamiento, con lo que el PP fue el único que votó en contra. El diputado popular Francisco Martínez Vázquez justificó esa negativa diciendo que «no es serio ni responsable» pretender que el debate de la nación se celebre en abril, en plena tramitación de los Presupuestos. Ciudadanos afirmó, sin embargo, que aunque el Gobierno esté paralizado no deben estarlo ni el Parlamento ni España, por lo que el debate del estado de la nación es «en estos momentos más necesario que nunca».

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