Los secesionistas ven inminente el pacto de investidura y ya solo hablan de flecos

La vicepresidencia, principal escollo tras repartirse los medios públicos y la portavocía

La líder de ERC, Marta Rovira, sale de una reunión de su grupo parlamentario
La líder de ERC, Marta Rovira, sale de una reunión de su grupo parlamentario

barcelona / colpisa

Esta es la semana decisiva para la formación de gobierno en Cataluña. JxCat, ERC y la CUP intensificaron ayer los contactos para llegar al pleno del Parlamento autonómico del jueves, el primero de la legislatura, con el acuerdo para la investidura cerrado. Los grupos secesionistas reconocen que el pacto es «inminente», que debe cristalizar esta semana y que lo que queda por pulir son algunos «flecos». «Casi estamos al final», afirmaron desde Esquerra, que hasta ahora era la que mostraba menos prisa.

Las formaciones secesionistas tratan de transmitir optimismo después de que desde la ANC les recordaran el pasado domingo que han pasado ya más de dos meses desde las elecciones y Cataluña sigue sin Gobierno.

Pero los flecos son de calado. Por ejemplo, quién lleva la portavocía del Ejecutivo, que es tanto como quién construye el relato del Gobierno. O el control de TV3 y Catalunya Ràdio. En principio, JxCat y ERC habrían acordado que la portavocía seguirá en manos de Jordi Turull como consejero de le Presidencia, mientras que la televisión la controlará Esquerra. Pero Junts nombrará al director y jefe de informativos de TV3 y al responsable de información en Catalunya Ràdio. ERC pondrá al director de Catalunya Ràdio.

Lo que está aún por definir es la hoja de ruta del Ejecutivo. Las 14 consejerías se las repartirán al 50 % las dos formaciones. La CUP también apoyará el acuerdo, pero no entrará en el reparto de cargos.

Consejo de la República

En principio, el pacto establece una presidencia legítima, o simbólica, en Bruselas para Carles Puigdemont, y una presidencia efectiva en Barcelona, cuyo presidente será investido en la Cámara catalana. Esquerra aseguró ayer que aún no se ha puesto ningún nombre sobre la mesa, pero el abogado de Jordi Sánchez, preso en Soto del Real, confirmó el domingo que este «puede ser el presidente de la Generalitat efectivo». Si Sánchez no pudiera ser elegido por su situación judicial, Turull sería el candidato. Elsa Artadi aparece como tercera opción.

El Gobierno asegura que la directora de campaña de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, hizo un trabajo «eficaz» y «correcto» en «apoyo» de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y que si viajó a Bélgica para verse con Puigdemont fue en sus días «libres» y a cargo propio.

El Gobierno mantuvo a Artadi

Así ha respondido el Gobierno a Ciudadanos en el Congreso, que quería saber por qué el Ejecutivo de Rajoy mantuvo en nómina a Artadi como directora general de Coordinación Interdepartamental de la Generalitat y con un sueldo de casi 6.000 euros. La ahora portavoz parlamentaria de Junts nunca fue destituida y fue ella quien presentó su renuncia tras ser elegida diputada.

El otro escollo a resolver es la vicepresidencia y quién es el elegido por Esquerra, que apuesta por dirigentes sin causas pendientes con la Justicia. Junts pretende que sea Oriol Junqueras, porque con él y Sánchez encarcelados la balanza quedaría compensada. Pero ERC prefiere a Marta Rovira e incluso el secretario de Hacienda, Pere Aragonès.

Puigdemont, mientras, presidirá el Consejo de la República. El expresidente tendrá un doble reconocimiento. En la Cámara catalana, con la propuesta de resolución que se votará este jueves y en la que se «denunciará» la destitución «ilegal» y se «proclamará» la «voluntad» y el «compromiso de restaurar la institución de la Presidencia». El texto aún puede sufrir variaciones porque lo presentó en solitario JxCat. Además, el Consejo de la República se constituirá de manera solemne en Bruselas, que también servirá para «legitimar» a Puigdemont, según los secesionistas.

El Gobierno dice al juez que la Generalitat no gastó nada en el referendo ilegal

El Gobierno entregó varios informes al titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, José Antonio Ramírez Sunyer, en los que se dice que la Generalitat de Cataluña no gastó dinero público en el referendo ilegal del pasado 1 de octubre. Entre esos informes está el de Natalia Garriga, directora de Servicios del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, que fue detenida el pasado 20 de septiembre en el marco de la operación Anubis, llevada a cabo por la Guardia Civil, contra los organizadores del 1-O. El juez había pedido al Gobierno el pasado 24 de noviembre al Gobierno, dado que es el actual responsable de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, que le informara sobre los gastos en los que había incurrido el Ejecutivo catalán para llevar a cabo el citado referendo ilegal.

El Gobierno de Rajoy ha tardado más de dos meses en enviar la primera respuesta al Juzgado ya que la Delegación del Gobierno en Cataluña no dio traslado de la petición del juez hasta mes y medio después de haberla recibido. La remitió a la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, según consta en el escrito enviado al juez por la citada Delegación, al que ha tenido acceso Europa Press, y esta, a su vez, a los Ministerios de Hacienda, del Interior y de Presidencia del Gobierno. El Ejecutivo pidió informes a Natalia Garriga y a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella. En el documento elaborado por Garriga, esta acredita que desde su dirección de servicios no se ha tramitado ningún expediente de gasto para financiar la organización «de la consulta del 1 de octubre del 2017». A lo largo de cuatro folios expone que «por imperativo» del Tribunal Constitucional no se realizó ninguna disposición de las partidas presupuestadas en su departamento para el 1-O y cita los 5 millones previstos para procesos electorales y consultas populares y otros 800.000 euros para procesos electorales y participación ciudadana.

Además alega que el Gobierno utilizó los cinco millones presupuestados y bloqueados por el Constitucional para las elecciones autonómicas que tuvieron lugar en Cataluña el pasado 21 de diciembre. De hecho, en la respuesta se incluye el acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueba un gasto de 25 millones para los comicios regionales, de los que se preveía gastar 17,3 millones de euros en el 2017.

El jefe de los Mossos admite que el operativo del 1-O era insuficiente

m. b.

Ferrán López, sustituto de Josep Lluis Trapero al frente de los Mossos d’Esquadra con el aval del Ministerio del Interior, aseguró ayer al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, que el dispositivo policial conjunto era «insuficiente» para impedir el referendo ilegal del 1 de octubre. Un operativo del que sí informó al mando único nombrado por el Tribunal Superior de Cataluña el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, quien no puso ninguna objeción.

Fuentes jurídicas presentes en su declaración como testigo a petición del exconsejero de Interior, Joaquim Forn, aseguraron que López desmintió en varias ocasiones la versión mantenida por De los Cobos en su testifical ante el juez. Esta tuvo una carga indiciaria grande para algunos investigados, como Forn o el propio Trapero en su causa de la Audiencia Nacional tras decir el coronel que no fue informado. Además, López mantuvo el relato defendido por su compañero imputado por sedición. El jefe de los Mossos explicó que destinaron a 7.500 agentes para el dispositivo policial conjunto, de los cuales tan solo 1.000 eran de orden público, el máximo del que disponía la policía autonómica. Es más, aseguró que en ninguna de las reuniones anteriores y posteriores al 1-O De los Cobos le reprochó nada.

En sus tres horas de declaración, López también admitió, como ya hizo Trapero, que se informó del dispositivo al expresident Carles Puigdemont en una reunión el 28 de septiembre junto a Forn y Oriol Junqueras. Le advirtió de que podrían producirse altercados, pero Puigdemont consideró que había que seguir adelante porque era un compromiso electoral.

Por otra parte, el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha dictado un nuevo auto en el que se reafirma en su autorización para que la Guardia Civil acceda al fichero de titularidades financieras del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) al objeto de rastrear las cuentas y productos financieros de 26 personas por los «indicios de su directa intervención en la preparación, desarrollo y ejecución del referendo del 1 de octubre». Entre esas personas están el juez Santiago Vidal (quien redactó una Cosntitución catalana) , Lluis Salvadó (número dos de Junqueras en la Consejería de Economia) y Carles Viver Pi i Sunyer (exmagistrado del Tribunal Constitucional y padre de las leyes de desconexión).

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