El Gobierno de Mariano Rajoy prioriza mantener la idea de una intervención «técnica y de trámite», que requiere escasa presencia política, hasta la constitución del nuevo Ejecutivo catalán
27 nov 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Ni desembarco de los ministros de Mariano Rajoy ni resistencia de los funcionarios de la Generalitat. El desarrollo del artículo 155 de la Constitución en Cataluña ha resultado menos estridente de lo que se pronosticó. Los sindicatos describen el día a día de los funcionarios de «casi normalidad absoluta» y un mes después de su puesta en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy prioriza mantener la idea de una intervención «técnica y de trámite», que requiere escasa presencia política, hasta la constitución del nuevo Ejecutivo catalán.
Esa obsesión ha llevado a imponer la cautela y la discreción en todos los departamentos gubernamentales. El pasado 27 de octubre, Rajoy se inclinó por una operación con la que destituir de manera fulminante a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y sus consejeros y convocar elecciones. El anuncio de la apertura de las urnas no solo sirvió para marcar el final de la intervención y fijar el horizonte, sino para limitar, debido al período preelectoral, la actividad del Gobierno de Cataluña. Alrededor de 200 altos cargos fueron cesados y se suprimieron organismos y las embajadas de la Generalitat en el exterior. Desde entonces, el balance que transmiten en el Ejecutivo es de «tranquilidad». El sindicato CSIF en Cataluña confirma que los 220.000 funcionarios de la Generalitat y sus empresas ejercen sus tareas con la misma «profesionalidad» que antes de la aplicación del 155. «Nadie quiere jugarse su plaza», señala el presidente de CSIF en Cataluña.
La lupa del Gobierno
En el Gobierno sí reconocen que hay áreas más sensibles que otras. Presidencia, Hacienda, Interior y Educación son los puntos calientes de la Generalitat y también donde se percibe un mayor control. Las decisiones más relevantes se están tomando, de hecho, en el ministerio de Cristóbal Montoro, que tiene las cuentas catalanas intervenidas desde antes de que se aplicara el 155 para evitar el desvío de dinero público a actividades relacionadas con el referendo secesionista.
Algunos de los secretarios de Estado de estos departamentos, como ocurre con Interior, se han desplazado puntualmente a Cataluña para gestionar la intervención. En los casos en los que no ha sido necesario, en las consejerías ni tan siquiera han visto a los dirigentes políticos. Bermúdez de Castro y Enric Millo están al frente de este dispositivo.