Elecciones en un horizonte máximo de seis meses

El Ejecutivo destituirá a Trapero, limitará al Parlamento catalán y reforzará el control sobre las cuentas

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madrid / La Voz

Un control total de la Generalitat desde el Gobierno central. Eso es lo que supondrá la aplicación de las medidas elevadas por el Ejecutivo al Senado y que, con toda probabilidad, este viernes se aprobarán en la Cámara alta con holgura, ya que a la mayoría absoluta con la cuenta el PP en la institución, hay que añadir el apoyo del PSOE y Ciudadanos.

El plan del Gobierno para tratar de devolver a Cataluña a la legalidad empezará por la cabeza, con la destitución del presidente autonómico, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras, y todos los consejeros de su Gobierno. El ejercicio de sus funciones pasará a depender del Ejecutivo central.

El Parlamento catalán también verá limitadas sus funciones de manera considerable. Seguirá activo y bajo la presidencia de Carmen Forcadell, pero no podrá proponer a un candidato a la presidencia ni celebrar un debate de investidura.

Otra de las consecuencias de esta intervención afectará a los cuerpos de seguridad. El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, así como el director general de la policía autonómica, Pere Soler, serán cesados de inmediato. La dirección de la Policía autonómica pasará a manos del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.

Elecciones en seis meses

El Gobierno central también aumentará el control que ya ejerce sobre las cuentas catalanas. Pasará a tener el control sobre las subvenciones, algo que le permitirá la asfixia económica de las plataformas cívicas como Òmnium Cultural o la ANC, así como acabar con la red de embajadas con la que cuenta la Generalitat alrededor de todo el mundo. A todas estas medidas hay que añadir una que en el Ejecutivo consideran especialmente relevante, que consiste en la capacidad para sancionar a los empleados públicos que no cumplan con sus obligaciones.

En el documento original elevado al Senado también se reflejaba el control de los medios de comunicación públicos, aunque finalmente este punto parece que quedará fuera del paquete tras la petición registrada este jueves por el PSOE y que probablemente apruebe esta misma mañana el PP, según fuentes consultadas por este periódico.

La idea de Moncloa es aplicar todas estas medidas de forma gradual, con la intención de reinstaurar un marco democrático que permita convocar elecciones en un plazo de seis meses.

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