La catedrática de Derecho Constitucional asegura que la Ley de Seguridad Nacional tiene «mecanismos muy valiosos» para afrontar la situación
05 oct 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Teresa Freixes (Lérida, 1950) es catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona y presidenta de Concordia Cívica.
-¿Qué supone el artículo 155?
-Permite al Gobierno asumir determinadas competencias o atribuciones de la comunidad autónoma, que deben ser identificadas en la propuesta que lleve al Senado, y también que se establezcan mecanismos para que las autoridades autonómicas cumplan forzosamente con la legalidad. Para aplicarse requiere mayoría absoluta en la Cámara alta, que ahora tiene el PP, pero estimo que no sería oportuno que tal decisión se tomara por un único partido, sino con un amplio acuerdo de Estado, como mínimo entre el PP y el PSOE.
-¿La Ley de Seguridad Nacional sería un instrumento útil?
-Cuenta con mecanismos muy valiosos para poder hacer frente a contingencias que bien pudieran producirse en los próximos días o semanas. Esta ley permite actuar, entre otros supuestos, en defensa de los derechos y libertades y de los principios y valores constitucionales. El presidente del Gobierno está facultado para declarar por decreto la situación de interés para la seguridad nacional, por la que cualquier autoridad (estatal, autonómica o local) está obligada a aportar los medios humanos y materiales dirigidos a una efectiva aplicación de las medidas enumeradas en la declaración. Hay que señalar también que, según el Tribunal Constitucional, es el Estado el que coordina, es decir, el que tiene la dirección política sobre la seguridad nacional, como materia subsumida en la seguridad pública. Con ello se pueden adoptar medidas tales como el control directo de cualquier órgano de la Administración, de funcionarios ode policías, por poner un ejemplo, que tendrán que actuar bajo la dirección de quien designe el Gobierno español. También en este caso sería importante que las medidas que se vayan acordando tengan el apoyo de los partidos políticos del arco constitucional, PSOE y Ciudadanos, especialmente. Ambas normas permiten tomar el control sobre los órganos, digamos, rebeldes de la comunidad autónoma, en este caso de la Generalitat.
-¿Y el estado de excepción?
-También sería posible la declaración de un estado de excepción o de sitio. No parece que la Cámara los adopte con su composición actual. Para el de excepción, pensado como respuesta a una grave violación del orden público, está previsto que se puedan suspender ciertos derechos constitucionales, a propuesta del Gobierno y con la autorización del Congreso. Salvo que los disturbios se generalizaran de forma grave, no parece que vayamos hacia la declaración de un estado de excepción. Si hubiera una insurrección violenta que pusiera en peligro las instituciones o comportara una toma armada del territorio cabría pensar en la declaración de estado de sitio.