Puigdemont sondea el grado de compromiso de sus consejeros para decidir su continuidad
ESPAÑA
Prepara una crisis de gobierno para cohesionar a su gabinete
14 jul 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El presidente de la Generalitat habló ayer uno por uno con los consejeros de su Gobierno para conocer su grado de compromiso con el referendo y en función de sus respuestas decidirá si continúan en su equipo. Los recibió en su despacho del Parlamento catalán, y las continuas entradas y salidas de las dependencias presidenciales incrementaron las especulaciones sobre una crisis de gobierno inminente para configurar un Ejecutivo más cohesionado que el actual, que intente borrar la imagen de extrema división.
Mientras, los colaboradores de Puigdemont comunicaban a su presidente su nivel de implicación con el proceso y con el referendo del 1 de octubre, aunque tengan que ir a la cárcel y pierdan su patrimonio personal, las entidades de la sociedad civil presionaban al presidente catalán para que haga limpieza en su equipo y se quede solo con aquellos que estén dispuestos a llegar hasta el final. Pedían una purga en toda regla para quedarse solo con los convencidos.
Puigdemont afirmó el miércoles que «ahora mismo» no veía necesarios los cambios en su gobierno, pero no descartó los relevos para llegar al final de una legislatura cuya duración es una incógnita, dado que el lunes pasado concluyeron los 18 meses inicialmente previstos para culminar el proceso.
Ejecutivo dividido
La salida de Jordi Baiget de la Consejería de Empresa por mostrar dudas respecto al referendo y expresar su temor a perder su patrimonio desató la semana pasada toda una tormenta en el soberanismo y dejó al descubierto un gobierno dividido, en el que los de un partido no se fían de los del otro. Los de Esquerra acusan a los del PDECat de no ser independentistas convencidos y estos replican con que de momento van ganando por una goleada de 4-0. Cuatro son los dirigentes de su partido que han sido ya condenados (Mas, Homs, Ortega y Rigau) por el proceso soberanista, en concreto por la consulta del 9N, mientras que en Esquerra nadie ha asumido responsabilidades que puedan ser punibles. La tensión era ayer máxima en la Cámara catalana, después de que un día antes el presidente de la Generalitat anunciara que tiene intención de reorganizar su gabinete y concentrar en un consejero todas las competencias del referendo, una responsabilidad para la que se perfila Oriol Junqueras.
El vicepresidente de la Generalitat habría pedido a cambio la cabeza de algunos consejeros, como Jordi Jané (Interior), Josep Rull (Territorio), Meritxell Ruiz (Educación) y la reubicación de Neus Munté (Presidencia y portavoz), así como que algunas de las órdenes trascendentales, como la compra de urnas, sean asumidas de manera colegiada. Todo un órdago por parte de Esquerra que Puigdemont, a quien se acusa de ir por libre y de estar enfrentado a su partido, tiene que consensuar con los suyos, de ahí que les citara uno a uno.
Tras reunirse con Puigdemont, algunos empezaron a tomar posiciones. Santiago Vila, que siempre fue etiquetado entre los blandos, afirmó que todo el Ejecutivo está determinado a celebrar el referendo de forma colegiada, pero advirtió a sus socios de la CUP que nadie espere actos «revolucionarios».
La Guardia Civil busca en el Teatro Nacional facturas del acto de la ley de referendo
La ley del referendo aún no ha llegado al Parlamento catalán, pero ya hay un juez que la investiga como parte de los preparativos de la consulta del 1 de octubre. Un magistrado de Barcelona envió ayer a la Guardia Civil al Teatro Nacional de Cataluña (TNC) para recabar toda la documentación sobre el acto que Junts pel Sí organizó la semana pasada para presentar los detalles de la ley que debería dar cobertura al referendo. Al acto acudió el Gobierno catalán en pleno y contó con la participación de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Marta Rovira y Lluís Llach.
Dos agentes entregaron un requerimiento del juzgado, según el cual el teatro tiene cinco días para facilitar toda la documentación sobre la conferencia, como el contrato de alquiler de la sala. El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona investiga los actos de preparación del referendo, a raíz de las declaraciones del exsenador de Esquerra Santi Vidal, que en enero afirmó que la Generalitat había recopilado los datos fiscales de todos los catalanes de manera ilegal.