Los bienes ocultos de Conde en la causa del pequeño Nicolás

mateo balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA

La policía descubre la existencia de una finca en Toledo usada como aval para obtener financiación

25 jun 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Agentes de Asuntos Internos de la Policía Nacional, por orden del entonces director adjunto operativo, Eugenio Pino, detuvieron la mañana del 14 de octubre del 2014 a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, de 20 años. El pequeño Nicolás se encontraba en un portal de la calle Zurbano, de Madrid, esperando a un empresario que le iba a entregar 10.000 euros y estaba siendo víctima de un supuesto fraude por parte del investigado. Tras el arresto se produjo la entrada y registro en la vivienda familiar de Gómez Iglesias.

Entre la documentación intervenida apareció información relacionada con el estafado, Francisco Javier Martínez de la Hidalga, un empresario jubilado de 75 años y exdirectivo del Banco Santander. Los investigadores encontraron archivos descargados de un expediente fiscal contra una sociedad del aludido (según Nicolás, se los dio el empresario José Luis Balbás, señalado por el tamayazo de Madrid en el 2003). Son documentos sobre la situación económica de Guinea Ecuatorial, un borrador sobre un supuesto préstamo de diez millones del banco nacional de este país africano en el que se aportaba como aval una finca, llamada La Alamedilla o dos menciones en una libreta del que fue vicepresidente de Sa Nostra, hoy Banco Mare Nostrum, Antonio Borrás. El pequeño Nicolás había conocido a su víctima días antes, gracias al abogado de este, Juan Antonio Félix Untoria. El joven se presentó como una persona relacionada con el Gobierno, especialmente con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Decía trabajar para un departamento de «inteligencia económica» inexistente, ser miembro del CNI y de la Casa Real

Presunto blanqueo

Sabedor de los problemas económicos y judiciales de Martínez de la Hidalga, el pequeño Nicolás le ofreció ayuda para poner a la venta la finca La Alamedilla, en Toledo, por 15 millones de euros (ahora se vende por 12). Para ello le vendió sus relaciones con el presidente guineano Teodoro Obiang y con el exministro socialista Miguel Ángel Moratinos.

La supuesta operación de venta fue una de las causas de la detención de Nicolás. Sin embargo, Gómez Iglesias manifestó a los agentes que su labor «era intermediar para conseguir un crédito de 20 millones de dólares del Banco Nacional de Guinea». Estas dos versiones opuestas llamaron la atención a los investigadores. De la operación inicial del pequeño Nicolás se ha llegado ahora a la certeza «de que La Alamedilla se utilizó como aval para obtener financiación a través de créditos hipotecarios desde la constitución de la sociedad titular», el 5 abril de 1997.

Ese mismo día se compró la finca a Inversiones Rondonópolis SL, cuyos fundadores fueron Arturo Romaní (exvicepresidente de Banesto), Mario Conde (expresidente de Banesto) y Ramiro Núñez. Inversiones Rondonópolis compró en 1994 la finca a la financiera de Banesto y se la vendió en 1997 a Hacienda La Alamedilla. Los investigadores sospechan que en estas dos décadas ha habido una estrategia de protección de la finca para escapar del comiso de la Audiencia Nacional. Conde aún tiene responsabilidades civiles pendientes de pago (la última lista de morosos cifra su deuda en 9,3 millones).

Esta operativa, que pudiera enmarcarse en un presunto blanqueo de capitales, incluye la concesión a Hacienda La Alamedilla de un préstamo de Sa Nostra por 3,45 millones. Ello, pese a que la sociedad no tenía actividad. En aquella época, el vicepresidente de la caja era Antonio Borrás, cuyo nombre, curiosamente, aparece en dos manuscritos intervenidos al pequeño Nicolás. 

Investigación policial

El cigarral de los 12 millones de euros

La finca que la policía sospecha que se ha aprovechado como aval para obtener créditos bancarios, vinculada a Conde, aparece a la venta en portales inmobiliarios. Sin embargo, quizá no sea esa la intención real de sus propietarios, que buscarían salvar la disolución de la sociedad para seguir operando. El cigarral se extiende en una parcela de 444.253 metros cuadrados y tiene 2.208 construidos. Dispone de siete habitaciones y el precio es de 12 millones de euros.