Constitucional y Poder Judicial, a la cabeza en transparencia institucional, y la Fiscalía, a la cola
ESPAÑA
Según el informe, todas las entidades analizadas cumplen «adecuadamente» con las obligaciones que marca la ley en dicha materia
20 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Las principales instituciones españolas aprueban en transparencia, según la clasificación presentada ayer por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y la fundación ¿Hay Derecho? El Tribunal Constitucional lidera con un 9,83 -sobre un máximo de diez puntos- un ránking que cierran el Consejo Económico y Social (5,42) y la Fiscalía General del Estado (5,66), que aprueban con un suficiente raspado.
Según el informe, todas las entidades analizadas cumplen «adecuadamente» con las obligaciones que marca la ley en materia de transparencia, es decir, publican en sus páginas web las actas de sus reuniones, los sueldos de sus integrantes o los gastos que generan sus viajes, entre otros datos. Obteniendo de media un 8,5 sobre 10.
La institución que preside Esther Arizmendi se felicitó ayer por las buenas calificaciones obtenidas en un país como España donde la confianza en las principales instituciones ha caído considerablemente en los últimos años salpicados por los continuos escándalos de corrupción.
Arizmendi destacó la «actitud colaborativa» de los órganos constitucionales y entes reguladores, así como la «alta implicación» de sus líderes y la «excelente respuesta» obtenida en relación con las recomendaciones y a la incorporación de las mejoras propuestas por el Consejo de Transparencia.
Rozando la excelencia se sitúa también el Consejo General del Poder Judicial, que logra una décima menos (9,7) que el Constitucional y lidera, además, la clasificación como institución más transparente en la puesta en conocimiento de las actividades de sus altos cargos y de su personal. El Banco de España ocupa el tercer puesto, por detrás del órgano de gobierno de los jueces al obtener un 9,43, una centésima por encima tan solo de la Casa del Rey, que obtiene un 9,42, gracias a las medidas impulsadas por Felipe VI desde su llegada a la Jefatura del Estado.
El informe diferencia entre la transparencia obligatoria, que se refiere al cumplimiento de las exigencias previstas en la ley, y la transparencia voluntaria, que tiene en cuenta la publicación de datos que van más allá de los exigidos legalmente, pero que atienden a las demandas ciudadanas de transparencia. Entre estas últimas figuran temas tan relevantes como las agendas de los altos cargos, la identificación del personal eventual o de confianza o los bienes patrimoniales de los organismos y su uso. Si la atención a lo exigido es muy alta, la transparencia voluntaria es muy mejorable.