Los partidos ven difícil fijar en un pacto cuándo un cargo imputado debe dimitir

Ninguno de los líderes territoriales del PP tiene la garantía de que un pacto anticorrupción vaya a expulsar de la disputa partidista las responsabilidades que se dirimen en los juzgados


madrid / colpisa

La batalla que durante 45 días libraron en la Región de Murcia el PP y Ciudadanos, y que se saldó con la dimisión de Pedro Antonio Sánchez el 4 de abril, ha reavivado el debate sobre cuándo debe dejar el cargo un político imputado. Ninguno de los líderes territoriales del PP tiene la garantía de que un pacto anticorrupción vaya a expulsar de la disputa partidista las responsabilidades que se dirimen en los juzgados. Aun así, algunos de los barones de Rajoy apuestan por explorar esta vía con el resto de los partidos.

El planteamiento figura ya en el acuerdo que el PP selló con Ciudadanos en el 2016, en un documento que compromete a los firmantes a promover «un pacto de Estado por la regeneración de la democracia» y que aboga por «la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados o encausados por delitos de corrupción». Pero solo el fallecimiento de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y la polémica en Murcia han despertado interés en el desarrollo práctico del texto. La mayor parte de las formaciones reconocen las dificultades políticas y técnicas que entorpecen el consenso.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, llegó a proponer a Ciudadanos la suspensión temporal en funciones de Pedro Antonio Sánchez. Pero el caso Púnica y su investigación en el caso Auditorio barrió cualquier posible negociación. Encontrar el equilibrio entre la tolerancia cero a la corrupción y el respeto a la presunción de inocencia no es fácil.

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