Aprueba considerar la propuesta de crear un registro de estos grupos
15 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El Parlamento dio ayer el primer paso de su historia para aumentar el control de los grupos de interés y, en particular, de los que operan en el entorno del Congreso. Por fin hay un consenso amplio en que los lobbies deben salir de las bambalinas, pero ni mucho menos hay acuerdo en hasta dónde debe llegar la transparencia de las organizaciones que, de un modo u otro, intentan influir en que las decisiones de los diputados las beneficien.
Aun así, el Congreso acordó ayer dar luz verde a la tramitación de la primera regulación legal de los grupos de presión. El pleno, con el voto a favor de todos los grupos y la abstención de Podemos, aprobó la toma en consideración de la propuesta del PP de reforma del reglamento de la Cámara baja para crear un registro de lobbies. Una base de datos en la que, de forma obligatoria y pública, deberán darse de alta todos los colectivos de cualquier naturaleza (sociales, económicos, privados, sindicales) que mantengan o vayan a mantener algún tipo de contacto con los diputados o los miembros de sus equipos. Si alguno falseara los datos sería cancelada su inscripción y no podría acceder al Congreso por el tiempo que determine la Mesa.
La proposición de ley que salió adelante para su debate establece que los representantes de esos grupos de presión que entren en el registro del Congreso se comprometerán a no comerciar con los datos que obtengan en sus reuniones, salvo que ya sean públicos; a no presionar para obtener decisiones políticas de forma deshonesta; a no incitar a los diputados a infringir las normas y a no presumir ante terceros de su relación con los parlamentarios, entre otros requisitos.
Discrepancias en los datos
En esa base de datos figurarán las reuniones que se mantengan y la documentación que presenten a los grupos. Pero no mucho más. Y ahí radican las críticas de la oposición, que quiere que también conste el resultado de esas reuniones, los fines que persigue cada lobby o el dinero que se gasta cada grupo en esas gestiones. Pero, sobre todo, la oposición reclama que el control de esas organizaciones vaya mucho más allá de sus tratos con los miembros de la Cámara baja.
La creación de un registro de lobbies es una de las recomendaciones de Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa. La diputada popular María Jesús Bonilla insistió en que la labor de estos grupos es «absolutamente legítima y necesaria para la democracia». La más crítica con el proyecto fue la diputada de Podemos Gloria Elizo, que habló de un texto «estéril» y de una «regulación hueca para que nada cambie», pues, recordó, «fuera» del Congreso también se presiona.
Desde el PSOE, Ciprià Císcar insistió en que «la iniciativa se queda corta». Fueron varios los portavoces de la oposición que aseguraron que todo se puede quedar en «humo» si no se hacen públicas las «agendas de los altos cargos», también del Gobierno, en sus encuentros con esos grupos de interés.
El PSOE frustra el plan de Podemos y C's de limitar a dos los mandatos presidenciales
El PSOE ha frustrado la pretensión de Albert Rivera de acotar el margen de maniobra de Mariano Rajoy. Los socialistas rechazaron ayer respaldar la propuesta de Ciudadanos, acordada con Podemos, para evitar que un presidente del Gobierno esté en el cargo más de ocho años o dos mandatos consecutivos sin necesidad de tocar la Carta Magna. «Creemos que es inconstitucional», insistió su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando. El PSOE se une así al PP en la interpretación de que esa medida solo puede desarrollarse a través de una reforma de la Constitución y no basta con un cambio normativo, como pretenden los liberales y en lo que coincide Unidos Podemos. Los socialistas argumentan que un cambio en la ley de gobierno y de altos cargos chocaría con las funciones que la Constitución atribuye al rey. Así lo recoge un informe emitido por los asesores jurídicos del PSOE.
Ciudadanos, que aún no ha recibido respuesta oficial de los dos partidos mayoritarios a su propuesta, insiste en que esa limitación se puede regular en la ley de gobierno incluyendo en su artículo 11 -el referente a los requisitos para acceder a la presidencia- una nueva causa de inelegibilidad de un candidato que ya haya ejercido ese cargo ocho años o dos legislaturas consecutivas. «La fórmula que planteamos es perfectamente aplicable sin reforma constitucional», reiteró su secretario general, José Manuel Villegas.
Con el portazo del PSOE, el partido de Rivera no verá encarrilada una de las medidas de regeneración democrática que obligó a firmar al PP y que ahora Rajoy no cumple con el argumento de la complejidad que reviste iniciar una reforma de la Constitución ante la que Podemos exigiría un referendo.