Los socialistas se apresuraron a registrar una batería de iniciativas legislativas destinadas a derogar algunas de las principales leyes aprobadas por el PP
21 jul 2016 . Actualizado a las 05:00 h.No ha perdido ni un segundo. El PSOE se apresuró a registrar ayer, solo un día después de que quedara constituido el Congreso de los Diputados, una batería de iniciativas legislativas destinadas a derogar algunas de las principales leyes aprobadas por el PP en la pasada legislatura gracias a su mayoría absoluta. Y, de paso, reclamó la constitución de una comisión de investigación sobre la supuesta utilización partidaria de los recursos del Ministerio del Interior por parte de su responsable, Jorge Fernández Díaz.
La ofensiva tiene un objetivo claro. Los socialistas saben que en esta legislatura tendrán que competir con Podemos para ser visualizados como oposición al Gobierno. Pero, además, quieren lanzar un mensaje a Mariano Rajoy para disuadirle de su empeño en contar con sus votos para la investidura. Las proposiciones de ley contra el calendario de aplicación de la ley de educación (Lomce), buena parte de la reforma laboral o la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, serían la prueba de que pretenden ejercer desde ya como alternativa.
Actividad legislativa
Aún no está claro que alguna de sus iniciativas vaya siquiera a ser debatida en la Cámara baja si no hay nuevo Gobierno. Eso sería para ellos lo ideal y, de hecho, así se lo reclamó su secretaria de Estudios, Meritxell Batet, a la nueva presidenta de la institución, Ana Pastor. En la pasada legislatura, el socialista Patxi López esperó un tiempo prudencial antes de activar las sesiones plenarias, pero una vez que fracasó la investidura de Pedro Sánchez, comenzaron a tramitarse las proposiciones de los grupos. Los populares siempre entendieron que ambas decisiones -la de esperar, primero, y la de iniciar los debates, después- habían sido partidarias e impropias de quien debe mantener una cierta neutralidad. El Gobierno en funciones se negó, de hecho, a someterse a sesiones de control, como pretendían las demás fuerzas parlamentarias, con el argumento de que al estar sus competencias muy limitadas no había nada que fiscalizar. Y el asunto acabó en el Tribunal Constitucional, que aún debe decidir quién tenía razón.
Lo que no logró el PP fue frenar la actividad legislativa del Parlamento. Y, no en vano, muchas de las proposiciones de ley que ahora ha presentado el PSOE ya se debatieron en la pasada legislatura y se tramitaron gracias al apoyo de Ciudadanos y Podemos, entre otros. Pero una vez disueltas las cámaras y convocadas las nuevas elecciones decayeron. Así que ahora las ha recuperado.
Los socialistas defienden que, después de que el PP lograra recabar el martes los apoyos no reconocidos de Convergència y PNV a su vicepresidencia y la de Ciudadanos, ha quedado probado que Rajoy puede entenderse perfectamente con las fuerzas conservadoras de la cámara aunque sean nacionalistas o independentistas. De modo que han decidido pasar a otra fase e ignorar que es tiempo de negociación para la investidura. Pedro Sánchez, mientras, se ha retirado del foco.