La consejera de la Presidencia, Neus Munté, negó que exista un pacto secreto con la CUP, a pesar de que los anticapitalistas dijeran lo contrario
20 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La Generalitat apagó a medias el primer conato de incendio de la recién estrenada legislatura. La confirmación por parte del Ejecutivo autonómico de que se retiraría de siete causas judiciales abiertas contra radicales, como consecuencia de algaradas públicas, fue interpretado desde la oposición como la primera gran concesión del gabinete Puigdemont a la CUP y los sindicatos policiales incluso hablaron de «tolerancia» del nuevo Gobierno con los violentos.
El revuelo causado fue tan grande, que la Generalitat se vio obligada a rectificar, en parte. La consejera de la Presidencia, Neus Munté, negó que exista un pacto secreto con la CUP, a pesar de que los anticapitalistas dijeran lo contrario, y afirmó que la Administración catalana no se retirará, por ejemplo, del proceso judicial abierto contra los jóvenes involucrados en los incidentes de Can Vies, en el barrio de Sants, de Barcelona, en mayo del 2014. El conflicto comenzó con el desalojo de la casa ocupada, lo que fue respondido con dureza por los activistas, que durante una semana sembraron el caos con protestas muy violentas por las noches. Cuatro de los implicados ya han sido condenados a penas de uno a tres años de prisión.
La Generalitat afirmó que, de acuerdo con la última jurisprudencia, la Administración no debe personarse como acusación particular en procesos judiciales excepto en aquellos casos que impliquen lesiones a los empleados y bienes públicos. «Estos son los límites con los que trabaja Interior desde hace unos meses» explicó Munté.