Resolverá en veinte días un recurso que habitualmente tarda años en despachar
02 dic 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El Tribunal Constitucional dejó ayer ultimada la sentencia con la que hoy anulará de manera definitiva la resolución por la que el Parlamento de Cataluña declaró, el pasado 9 de noviembre, con los únicos votos de Junts pel Sí y la CUP, el inicio del proceso de desconexión y ruptura con España y anticipó que ignoraría las leyes y sentencias estatales en su camino unilateral hacia la creación de un Estado independiente.
El fallo, que está previsto que cuente con la unanimidad del tribunal, supone la liquidación definitiva de la resolución parlamentaria, que ya se encontraba suspendida cautelarmente por el Constitucional desde solo dos días después de su aprobación, después de que fuese impugnada por el Gobierno, por considerar que violaba más de media docena de los artículos centrales de la Carta Magna.
La sentencia que declarará nula a todo los efectos la resolución secesionista y prohibirá cualquier tipo de acto que pretenda desarrollarla será el fallo más veloz con el que el tribunal haya resuelto nunca un recurso de inconstitucionalidad. Se dictará 22 días después del pleno del Parlamento catalán que aprobó la moción y veinte días después de que fuese impugnada por el Gobierno. Estos procesos duran casi siempre años, pero es que incluso en el precedente más claro, la nulidad de la moción de la cámara autonómica que en enero del 2013 declaró a Cataluña como sujeto soberano, el tribunal tardó catorce meses en dictar la sentencia, pese a que había suspendido cautelarmente también la resolución solo unos días después.
El Constitucional justificará esta inédita prontitud en que ha dado total preferencia a la resolución del fondo de la impugnación por considerar tanto el desafío secesionista catalán como las violaciones a la Carta Magna y al Estado de derecho contenidas en la moción como de una extraordinaria gravedad.
De hecho, el borrador básico de la resolución, elaborado por el ponente Andrés Ollero, ya estaba avanzado hace días, pero no pudo ultimarlo y pasarlo a la lectura de algunos de sus compañeros hasta el lunes pasado, porque las alegaciones del Parlamento catalán contra la suspensión no llegaron hasta el viernes. En la cabeza del presidente del tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, y de la mayoría de los once magistrados que componen el pleno siempre estuvo dictaminar sobre el fondo del asunto en el mínimo tiempo posible y si eran capaces antes de las elecciones generales del 20 de diciembre.
Por ese motivo, visto en los contactos preliminares que había una unanimidad en considerar inconstitucional la resolución parlamentaria, el presidente decidió incluir la deliberación de la sentencia en el pleno ordinario que estaba programado para ayer y que no la tenía en el orden del día. Tras casi tres horas y media de debate sobre el borrador de Ollero, y de que algunos de los magistrados propusiesen algunas modificaciones en la redacción de los fundamentos jurídicos, los miembros del tribunal decidieron suspender el pleno y reanudarlo a las 11 horas de hoy con los cambios ya incorporados. De esta manera, no solo se anticipan al 20D sino que dan a conocer el fallo sin interferir en la campaña electoral, que comienza el viernes.
La resolución indicará que la moción anulada viola la soberanía nacional -que reside en todo el pueblo español-, la indisoluble unidad de España, la sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución y a la ley y la obligación de cumplir las sentencias, así como las competencias exclusivas del Estado.
La Generalitat responde que encontrará la manera de «seguir avanzando»
La Generalitat advirtió ayer de que un Constitucional «totalmente deslegitimado, fuertemente politizado y utilizado desde el Gobierno central» no podrá anular los «efectos políticos» de la declaración independentista. En cualquier caso, la vicepresidenta, Neus Munté, evitó hablar de desobediencia, en la medida en que la resolución interpela al futuro Gobierno catalán y el actual está en funciones. Munté expresó su confianza en que el próximo Ejecutivo catalán sabrá encontrar las fórmulas para «seguir avanzando», en concreto en los puntos que hacen referencia a la aprobación de las leyes de proceso constituyente, hacienda propia y seguridad social.
La CUP convoca para el día 27 una asamblea decisiva que pone de los nervios a Junts pel Sí
La CUP puso ayer fecha al día decisivo para el futuro de Artur Mas. Será el 27 de diciembre, una semana después de las generales. Con los resultados en la mano y con una idea aproximada de lo que se puede esperar del próximo Gobierno, las bases de la formación antisistema decidirán en asamblea nacional si aceptan la investidura de Artur Mas y el acuerdo al que puedan llegar con Junts pel Sí. Un acuerdo que, pese a lo que digan desde la formación que integran Convergència y ERC, está aún muy lejos, según aseguró ayer el diputado autonómico de la formación antisistema Sergi Saladié. «Que se dejen de tonterías sobre la fórmula de la presidencia y que hablen con nosotros de política», porque «a día de hoy no tenemos nada», dijo Saladié.
La advertencia de la CUP puso en evidencia las fricciones en el seno de Junts pel Sí que desde esta coalición tratan de esconder. Dos dirigentes de CDC, Neus Munté y Jordi Turull, instaron a los responsables de la CUP a demostrar con hechos que realmente quieren un acuerdo. En cambio, Oriol Junqueras, líder de ERC, señaló que si fuera por su partido el acuerdo con la CUP «sería relativamente fácil». Artur Mas, en cambio, manifestó anoche que «un proceso de la ambición y de la complejidad que significa la constitución de un Estado, cuando lo tienes casi todo en contra, no se puede hacer vetando», en clara advertencia a los radicales.