Dos testigos socavan la defensa de Artur Mas en el caso del 9N

La directora de un instituto declara que fue presionada por la Generalitat para que cediera el centro para la consulta


Barcelona / Colpisa

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que investiga la querella del 9N, por la que están imputados Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega, interrogó ayer a los últimos cinco testigos de la causa. Entre ellos, la única directora de instituto que se negó a ceder su centro educativo para la celebración del simulacro de consulta. La que era la máxima responsable del IES Pedraforca, en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Dolores Agenjo, afirmó tras declarar ante el magistrado que recibió «presiones» de la Consejería de Educación para que entregase las llaves y el centro pudiera ser utilizado como colegio electoral.

Agenjo señaló que la directora de los servicios territoriales de la Generalitat, Montse Llovet, la llamó al menos cinco veces entre el 6 y el 7 de noviembre para darle la orden de que permitiera la celebración de la consulta en su instituto. Ella se negó, con el argumento de que tras la prohibición de la consulta por parte del Constitucional, la votación era ilegal. Agenjo trasladó a la Consejería de Educación que solo daría las llaves si la Generalitat le enviaba una orden por escrito. El Gobierno catalán no cursó esa orden, pues sospechaba que con ese trámite «alguien buscaba argumentos para la imputación de Irene Rigau», según señalaron los abogados de la consejera de Educación. Finalmente, no entregó las llaves y en su instituto no hubo consulta.

Fechas clave

Las fechas en que Educación le conminó a facilitar la apertura del centro pueden ser relevantes, ya que desbaratarían una de las principales líneas de defensa de Mas, Rigau y Ortega, que señala que a partir del 4 de noviembre, tras la suspensión del Constitucional de la consulta alternativa, la Generalitat se inhibió en la preparación de la consulta y lo dejó todo en manos de los voluntarios. Para determinar si Mas y sus colaboradores más estrechos incurrieron en un delito de desobediencia, el TSJC centra su investigación en todos los actos que el Ejecutivo autonómico llevó a cabo a partir del 4 de noviembre. El testimonio de Agenjo desmentiría también la versión oficial de que el Gobierno catalán no dio ninguna instrucción a los centros de enseñanza para organizar la consulta. Agenjo aportó ante el juez unos correos electrónicos entre directores de colegios, en los que otros docentes muestran inquietud ante la consulta.

La exdirectora de instituto, que ya está jubilada, formó parte de la candidatura de Ciudadanos en las elecciones catalanas del 27 de septiembre. Una circunstancia a la que se aferró la defensa de Rigau para descalificar su testimonio y considerarlo de poco peso jurídico «si la Fiscalía pretende llevar a juicio a todo un presidente de la Generalitat y a dos de sus consejeras». El otro testigo que podría haber tirado por tierra la línea de defensa del Gobierno catalán es el administrador de Focus, la empresa que recibió el encargo de montar el centro de prensa el 9-N. Daniel Fernández señaló que aunque el pedido del montaje -cuyo coste ascendió a 140.000 euros- se realizó antes del 4 de noviembre, con posterioridad a la suspensión de la consulta alternativa recibió indicaciones sobre «modificaciones» del proyecto inicial.

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