Arguye que no es adecuada acometerla cuando existe un desafío secesionista
25 ago 2015 . Actualizado a las 08:29 h.Con las trascendentales elecciones catalanas a la vuelta de la esquina, Mariano Rajoy ha decidido aparcar de nuevo el debate sobre la reforma constitucional que él mismo alentó a principios de mes. El PP quiere presentarse en las urnas el 27S como el único partido que defiende el Estado autonómico vigente frente al órdago independentista y al federalismo asimétrico que propugnan los socialistas. Sus gurús electorales consideran que esta estrategia le dará réditos en las urnas en las elecciones generales.
El vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, confirmó ayer que el PP no llevará en su programa de las elecciones generales ninguna propuesta de reforma constitucional, porque no es su prioridad ni la de los ciudadanos. A lo máximo que está dispuesto es a hablar sobre lo que propongan otros partidos, pero renuncia definitivamente a llevar la iniciativa. Además, bloqueará cualquier cambio que suponga superar el marco del Estado autonómico actual.
En ese sentido, Casado explicó que dos tercios de los españoles están de acuerdo con el Estado autonómico y que dejan para «la minoría restante las asimetrías y los federalismos», en una clara alusión a los socialistas. «Las democracias más consolidadas no necesariamente tienen que cambiar de arriba a abajo su modelo, su carta magna, sino que pueden perfeccionarlo», aseguró tras la reunión del comité de dirección del partido que daba inicio al nuevo curso político.
Pero el dirigente popular quiso ligar expresamente este nuevo portazo a la reforma constitucional con las elecciones catalanes que Artur Mas ha planteado como un plebiscito sobre la independencia de Cataluña. «En un momento en que se desafía la unidad de España no conviene cuestionarse el marco de convivencia, que ha dado el período de mayor prosperidad en España», afirmó.
Remachó que abrir el debate sobre un nuevo pacto constitucional podría ser interpretado por los secesionistas como «un resquicio para reescribir la historia de España no conduce a ningún lado».
Debate de verano
Sin embargo, este debate al que ahora el PP quiere dar carpetazo lo comenzó el ministro de Justicia, Rafael Catalá, al mostrar su disposición a reformar la Constitución para delimitar las competencias que corresponden a las comunidades autónomas y al Estado y para modificar la actual preferencia del hombre sobre la mujer en la sucesión de la Corona.
Al día siguiente, el propio Rajoy abrió también las puertas a la reforma de la Carta Magna en la próxima legislatura tras su encuentro con el rey. Citó expresamente la delimitación de competencias que afecta al título VIII, que trata sobre la organización territorial del Estado, y la modificación de la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona. Esta última reforma exigiría disolver las Cortes y un referendo.
Casado señaló que existen alternativas para hacer cambios que no pasan por una «reforma agravada» de la Constitución ni por abrir el polémico Título VIII referente a las autonomías, sino que pueden realizara mediante leyes orgánicas y ordinarias.