Han pasado menos de seis meses desde su portazo, y Ruiz-Gallardón es ya solo un mal recuerdo. Llegó al ministerio como un elefante en una cacharrería con la intención de poner la Justicia patas arriba. Se enfrascó en un vasto programa de reformas que no negoció con nadie y que intentó llevar adelante sin apoyo alguno. Se enemistó con todos los operadores jurídicos y fracasó estrepitosamente en su pretendida intención de modernizar la Administración de justicia. Y rizando el rizo, consiguió el más difícil todavía, politizar aún más el órgano de gobierno de los jueces. Por su culpa, se habrá perdido una legislatura más sin haber dado ni un solo paso adelante en una de las reformas más necesarias en este país. A Rafael Catalá ya solo le tiempo para algunos ajustes y, sobre todo, desandar el camino. Como el paso dado ayer por el Consejo de Ministros. La supresión parcial de las tasas judiciales vía decreto-ley, un procedimiento reservado para casos de urgente necesidad, es la evidencia del enorme daño causado por las tasas, que han constituido una barrera de acceso a la justicia, especialmente para los ciudadanos con menos recursos. Ni han contribuido a financiar la justicia ni han reducido considerablemente la litigiosidad. En realidad, ha creado una justicia de ricos, a los que las tasas no los desaniman, y otra de pobres, expulsados del sistema. La rectificación del Gobierno, aunque sea por motivos electorales, es bienvenida. Pero es parcial, porque las tasas siguen vigentes, e insuficiente, porque su elevada cuantía se mantiene como una losa sobre autónomos y pymes, cuyas estrecheces económicas les impiden a menudo recurrir en defensa de sus intereses.
Más información sobre las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros en la página 32.