Jueces para la Democracia (JpD) y el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales son los únicos operadores jurídicos que han valorado hasta el momento la propuesta de reforma del Gobierno. Joaquim Bosch, portavoz de JpD dice que el que se fijen por ley plazos máximos para las investigaciones penales es «mera propaganda» que no resuelve la falta de medios, que es lo que, a su juicio, provoca las demoras. Señala que los límites propuestos son imposibles de cumplir, por lo que la medida podría provocar a su juicio «sobreseimientos y cierres en falso de las instrucciones, especialmente preocupantes en los casos de corrupción». Los secretarios califican de positivas las líneas generales de la reforma y dicen que servirá para mejorar la situación de los órganos judiciales más colapsados.