En una providencia, advierte que no investiga a Paula Prado y dice que se enteró por la prensa de que el Tribunal Superior había asumido la investigación de la diputada
14 nov 2014 . Actualizado a las 05:00 h.La jueza Pilar de Lara no se quedó callada después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le devolviera un informe enviado por ella el 23 de octubre sobre la contratación de personal en la empresa Vendex en Santiago por presunta intermediación de la diputada autonómica Paula Prado. Según se desprende de una providencia que se conoció ayer, desde el alto órgano jurisdiccional gallego le advirtieron de que ya le habían informado de que el TSXG había asumido la competencia de la causa. La jueza reaccionó diciendo que no recibió comunicación alguna y que se enteró de ello por los periódicos. Además, advirtió de que no investigaba a la que fuera portavoz del PPdeG y que lo que hizo fue remitir un informe presentado en la oficina judicial por Vigilancia Aduanera.
De Lara destaca que ni ella, ni tampoco el secretario judicial de refuerzo, que tramita actualmente la Pokémon, recibieron la resolución a la que alude una providencia del TSXG, de fecha 31 de octubre del año 2014, en la que el alto tribunal informaría de que aceptaba la competencia de la causa para el conocimiento de los presuntos hechos delictivos imputados a la aforada Paula Prado del Río. Dice la jueza que a Lugo no llegó ni resolución ni comunicación en tal sentido.
«El único conocimiento que ha tenido la instructora de la asunción de la competencia (por parte del alto tribunal gallego) ha sido por la prensa a través del comunicado efectuado por el gabinete de prensa del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Galicia, publicado en diferentes medios de comunicación», señala la providencia de De Lara, que ayer recibieron las partes presentes en la Pokémon. Añade además que «efectuadas gestiones con los integrantes de la oficina judicial comunican que, salvo error u omisión, no han recibido la mencionada resolución».
El informe devuelto recogería, según algunas fuentes, información relacionada con el contenido de correos electrónicos de los que se desprendería que en Vendex Santiago hicieron contrataciones de enchufados. Con relación a este asunto, la jueza advierte al TSXG de que su juzgado «no está realizando investigación alguna sobre la persona de Paula Prado del Río puesto que, siendo aforada, y al advertir indicios de la posible comisión de una actividad delictiva, se elevó en su momento la correspondiente exposición motivada».
De Lara advierte a los responsables del órgano superior: «Cuestión distinta es que presentados en este órgano jurisdiccional por Vigilancia Aduanera diversos informes entre los que se encontraba uno sobre la citada señora Prado del Río, esta instructora acordó su remisión por la vía más inmediata posible a esa Sala de lo Civil y Penal y todo ello sin practicar diligencia de investigación alguna sin que la simple remisión de un informe presentado en la oficina judicial pueda considerarse tal». Ese envío, aclara la jueza, «se hizo de forma inmediata, en el absoluto ánimo de colaboración con los órganos jurisdiccionales y por elementales razones de economía procesal». Para reafirmar sus tesis, la jueza pide que se le remita al TSXG copia de su providencia en la que acordaba el envío del aludido informe.
Otra de las decisiones adoptadas por De Lara, «siguiendo las indicaciones de dicho órgano jurisdiccional», fue la de comunicar a Vigilancia Aduanera que «según resolución del TSJ Galicia, en lo sucesivo deberán dirigirse al instructor de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ Galicia, ilustrísimo don Pablo Saavedra Rodríguez, poniéndose a su disposición».
La diputada Paula Prado fue citada para declarar como imputada hoy en A Coruña en el marco de la operación Pokémon. Lo hará ante el instructor Pablo Saavedra, que la investigará, entre otras cuestiones por los supuestos delitos de fraude y tráfico de influencias. Pilar de Lara consideraba que podría haber incurrido en varios delitos más, sin embargo el TSXG no lo entendió así y únicamente se centrará en tres, sin perjuicio de lo que pueda salir de la investigación abierta. Una de las cuestiones que tratará de aclarar el instructor es si la diputada autorizó el pago de una factura por la representación de un espectáculo que pudo haber sido inflada en unos 3.000 euros para beneficiar a un empresario.