«El adversario no lo tenemos en Cataluña, es el Estado español», dice
12 oct 2014 . Actualizado a las 05:00 h.El presidente de la Generalitat, Artur Mas, aprovechó ayer un acto de su partido, Convergència, para reclamar unidad al resto de fuerzas soberanistas y para recordarles que las responsabilidades en el proceso soberanista son compartidas. A las puertas de una semana clave para el desenlace de la consulta, el dirigente nacionalista evitó garantizar de manera explícita, como ha hecho en sus intervenciones de los últimos días, que los catalanes votarán el 9-N y centró su discurso en tratar de cerrar filas en el bloque pro consulta para que no se rompa, incluso aunque decida renunciar a seguir adelante con el referendo. «Si se reparte el voto, se reparten las responsabilidades», dijo.
«Este es un momento muy delicado, pero no nos podemos confundir; el consenso es una de nuestras fuerzas, el adversario no lo tenemos en Cataluña, es el Estado español», afirmó Mas en Manresa, en un claro aviso a sus socios de viaje -ERC, ICV y CUP-, que en los últimos días no se han ahorrado las críticas al Ejecutivo catalán por paralizar los preparativos de la consulta y buscar un sucedáneo de votación o amagar con el adelanto electoral.
De hecho, ayer mismo el portavoz de Esquerra en el Congreso, Alfred Bosch, incrementó su presión sobre el presidente autonómico, al exigirle que haga todo lo necesario para celebrar el referendo y en referencia a las dudas que los republicanos intuyen en el presidente de la Generalitat, señaló que ERC «no enterrará la consulta». Iniciativa también deslizó que a día de hoy la consulta no está garantizada.
Presión multilateral
A mediada que se acerca el 9 de noviembre, Mas se va quedando casi sin margen de maniobra. Le aprietan los partidos soberanistas, que le exigen que aclare ya qué planes concretos tiene si no quiere ver saltar por los aires la unidad; le presiona la suspensión del Constitucional, que le impide avanzar en los preparativos de la votación, y le arrincona el Gobierno, que a cada paso que da le responde con un recurso judicial.
Pero sobre todo le aprieta el calendario. Cuando quedan cuatro semanas para la consulta, el proceso ha entrado en los días «decisivos», según reconocen sus protagonistas. En concreto, el consejero de la Presidencia, Francesc Homs, ha fijado el 15 de octubre como la fecha límite para decidir si la consulta se podrá celebrar o no en los términos previstos. El miércoles, por tanto, tras una nueva cumbre que podría celebrarse el lunes, será una especie de día D, el de la renuncia o no, en el que Mas tendrá que decantarse por una de las tres cartas que tiene sobre el tapete: seguir hasta el final según lo previsto inicialmente, buscar un sucedáneo o preparar el terreno para un adelanto electoral.
Sobre el papel, todas las fuerzas implicadas querrían apostar por la primera carta. Sin embargo, si no se llevan a cabo algunos preparativos quedarán en solfa las mínimas garantías democráticas que requeriría su celebración. Así, la Generalitat tenía que publicar el viernes las listas de participantes y no lo hizo. Como consecuencia, a día de hoy no hay censo, ni colegios, ni miembros de las mesas, ni interventores. Y la semana que viene el Constitucional puede dar la puntilla suspendiendo la junta electoral.