La Generalitat apela al argumento de la violencia


Madrid / Colpisa

Artur Mas puso ayer en marcha la estrategia de respuesta a la suspensión de la consulta. De entrada, se reunió, por separado, con los líderes de los partidos que promueven el referendo para intentar consensuar una postura común, que probablemente se concretará en una próxima reunión conjunta. Por otra parte, dio el visto bueno al informe jurídico con el que la Generalitat pide al Tribunal Constitucional que revoque su decisión y levante la suspensión cautelar del referendo porque, dada la altísima demanda y presión ciudadana e institucional para su celebración, argumenta, el veto puede tener consecuencias «imprevisibles» y causar perjuicios «irreversibles» en la sociedad y la vida política catalana y, por derivación, también en el resto de España.

De hecho, el documento de 32 páginas señala que mantener las suspensión de la convocatoria «dejaría sin cauce legal e institucional de expresión las opiniones y las aspiraciones políticas de la ciudadanía» catalana y que, como concluye una resolución del 2003 del Consejo de Europa, esa sensación de pérdida del derecho a participar en la toma de decisiones en asuntos de gran relevancia «tiende a alimentar el desprecio público por la democracia parlamentaria, el extremismo político e incluso la violencia». Para abonar su tesis, recuerda la millonaria asistencia a las últimas tres Diadas, el amplio respaldo parlamentario a la ley de consultas y el apoyo al referendo del 9-N del 90 % de los ayuntamientos de Cataluña.

La Generalitat defiende que, mientras el veto cautelar del referendo causa daños «irreparables», la celebración de una consulta que asegura que «no vincula a las instituciones públicas» y que tendría un resultado «sin eficacia jurídica» no generaría al Gobierno de Mariano Rajoy, el recurrente, ni «situaciones consolidables» ni daños irreparables. Los juristas niegan que se esté ante un referendo, como mantiene la Abogacía del Estado, o que la consulta sea «decisoria o vinculante».

Su argumento es que, como indica el decreto impugnado, la consulta tiene un objetivo «meramente instrumental» pues con su celebración «no se toma decisión alguna», y que serán las instituciones constitucionales catalanas las que, tras conocer la opinión de los ciudadanos, decidan cómo utilizan ese dato para «orientar las actuaciones de los poderes públicos».

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