Piden la retirada de la iniciativa legislativa porque «choca con los mandatos constitucionales» que asisten a la carrera judicial
25 jun 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elegidos a propuesta del PSOE, Roser Bach, María Victoria Cinto, Clara Martínez, Rafael Mozo, Concha Sáez y Pilar Sepúlveda han elaborado un escrito contra el informe sobre el anteproyecto de la ley orgánica del Poder Judicial. Este documento, que se estudiará conjuntamente con el texto elaborado por la comisión permanente, pide la retirada de la iniciativa legislativa porque «choca con los mandatos constitucionales» que asisten a la carrera judicial, con los mandatos de «independencia, inamovilidad o sumisión al imperio de la ley» y con las garantías que aseguran su efectividad como son las de «un CGPJ que actúe como auténtico contrapeso de los otros poderes constitucionales».
«Retórica vacua»
A lo largo de diez puntos el documento subraya que el anteproyecto «es un texto radicalmente falto de rigor técnico», que solo se justifica con «una exposición de motivos de una superficialidad y una retórica vacua que causan estupefacción».
Los vocales subrayan que la reforma de la organización y funcionamiento del nuevo Consejo General del Poder Judicial es «un auténtico fraude constitucional» que lo ha convertido en un órgano «menos plural, de impronta intensamente presidencialista que aparta de funciones efectivas a la mayoría de los vocales».
Califican de «dudosa constitucionalidad» la pretensión de impedir a los jueces que hablen de casos concretos, porque es una medida que persigue «un afán de control frente a todo atisbo de disidencia o libertad de crítica en el seno de la judicatura, una confusión entre el deber de respeto y el silencio obligado, propia de una concepción antiliberal».
Se trata, concluyen, de un anteproyecto que se ha hecho sin contar con las comunidades autónomas y los entes locales, lo que hace «más difícil el acceso a la Justicia de los ciudadanos que no vivan en capitales de provincia y desprotege a los colectivos más vulnerables.