Hay coincidencia en la necesidad de reformar la Constitución. La discordia surge respecto del alcance y la oportunidad de la modificación. Anclarse en la falta de acuerdo, como hacen el Gobierno y el PP, es una simple excusa, porque los consensos se trabajan haciendo un ejercicio de liderazgo. Utilizar como pretexto para el inmovilismo aquello que es su principal responsabilidad, remover los obstáculos para conseguir lo que se necesita, es puro cinismo. Otros, como el PSOE, pueden sucumbir a la tentación de mitificar la reforma constitucional como un instrumento de oposición e incluso como una forma de esconder sus dificultades para articular una alternativa sólida y creíble. Porque ni la modificación de la Carta Magna es la panacea ni su reforma, aunque conveniente, es condición indispensable.
Los problemas fundamentales son el modelo territorial; los recortes en el Estado de bienestar, derechos y libertades; y la oligarquización de los partidos y su colonización no solo del Consejo del Poder Judicial y del Constitucional, sino de todas las instituciones del Estado, Parlamento incluido. Pero no son consecuencia de una Carta Magna defectuosa, sino de unas prácticas políticas inicuas, ombliguistas y cortas de miras. Las disfunciones son fruto del desarrollo constitucional y por igual vía podrían ser enmendadas. Porque lo crítico, lo que debe ser corregido es esta forma de hacer política, a la vez causa de la crisis y obstáculo para superarla. Por eso, la reforma de la Constitución sería en sí misma un síntoma de regeneración. Y lo contrario, la imposibilidad de retocarla, otra señal del fracaso de la política.