Los partidos son consustanciales a la democracia. Sin ellos, esta es imposible, porque perderíamos los vehículos que canalizan el debate sobre los problemas que preocupan a la sociedad y las propuestas de solución. Pero esa función de viga maestra no puede servirles de patente de corso, porque sería tanto como someter a chantaje permanente a la democracia. Los partidos no ejercen fielmente esa función de servicio público que les asigna la Constitución. Este papel justifica que se financien básicamente con dinero de todos, pero no que se conviertan en un pozo sin fondo por el que se escurre una deuda de 275 millones de euros y un activo neto negativo que si fueran empresas las condenaría al cierre. Los partidos no pueden desaparecer, pero sus dirigentes sí pueden, y deben, asumir responsabilidades por una situación económica que constituye una afrenta a una sociedad que se empobrece y que sufre los recortes sistemáticos en otros servicios públicos. Los partidos han sido reducidos a costosas máquinas electorales al servicio de una oligarquía política que, además, ha secuestrado el debate interno. Los partidos están obligados a cambiar, y sus dirigentes, a pagar por este fraude a la democracia en que los han convertido.