La responsabilidad en la destrucción de pruebas en el caso Bárcenas -el borrado de discos duros de ordenadores- que el PSOE adjudica al PP invalida todo planteamiento de lucha contra la corrupción puesto en marcha por el Gobierno. Así lo afirman los socialistas, que adjudican «nula credibilidad» al partido que sustenta el Ejecutivo de Rajoy en materia de regeneración democrática. El secretario de relaciones institucionales y política autonómica del PSOE, Antonio Hernando, propone por ello conformar una subcomisión parlamentaria que integre expertos provenientes de la sociedad civil que defina qué medidas adoptar para que la lucha contra los corruptos tenga éxito. El mismo Ejecutivo que «obstruye la acción de la justicia» y cuyo comportamiento reviste «indicios de criminalidad», no puede proponer un programa eficaz para mejorar la transparencia y las prácticas democráticas.
La parlamentaria de CiU Mercé Pigem reclamó medidas verdaderamente «efectivas y razonables» para luchar contra la corrupción, y advirtió del riesgo de que todo se quede en «un giro lampedusiano y tocarlo todo para que todo quede igual».
Para el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, es otro «brindis al sol. Lo que tiene que hacer el Ministerio de Justicia -reprochó- es proveer de los medios necesarios a los juzgados para que puedan hacer unas buenas investigaciones contra la corrupción».