Asegura que los menores sutraídos «se sitúan en contextos espaciales y temporales muy diversos»
16 sep 2013 . Actualizado a las 14:55 h.La Fiscalía General del Estado descarta en la Memoria de la institución correspondiente a 2012 la existencia de una trama organizada de alcance nacional que tuviera por objeto la sustracción y venta de bebés.
Los hechos investigados en relación con la sustracción de menores recién nacidos en España «se sitúan en contextos espaciales y temporales muy diversos, y remiten a múltiples personas y centros hospitalarios, sin que se hayan detectado -al menos hasta la fecha- indicios de planificación común o de conexión relevante entre ellos», según el Ministerio Fiscal.
La Fiscalía General del Estado «no ha cejado en su empeño de esclarecer» las denuncias por sustracción de niños recién nacidos presentadas tanto por asociaciones de afectados como por particulares en los dos últimos años.
Para ello se ha desplegado «una intensa actividad» tanto en el plano institucional, por parte del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, como en la investigación de campo desarrollada por las Fiscalías territoriales, que han tratado de «agotar todas las líneas posibles de indagación material de los hechos».
La labor de las Fiscalías territoriales se ha orientado a «perseguir criminalmente las conductas ilícitas» que pudieran revelarse en las investigaciones y satisfacer «las legítimas expectativas de los denunciantes» de alcanzar un conocimiento cierto del paradero de los niños cuya sustracción denunciaron o disipar las dudas que hubieran podido abrigar sobre tal sustracción.
Las dificultades que se han tenido que sortear «no han sido pequeñas», tanto en las pesquisas desplegadas para el esclarecimiento de los hechos como a la hora de precisar la calificación penal más ajustada y la eventual prescripción de la responsabilidad criminal, resalta la Fiscalía.
En las Fiscalías territoriales, se han formalizado diligencias de investigación penal independientes para cada caso, evitando la formación de causas generales o colectivas, y, cuando ha sido necesario y posible, se han ordenado exhumaciones y pruebas biológicas de identificación de restos.
Los decretos de archivo, cuando se han dictado, han sido debidamente justificados en la previa comprobación del fallecimiento del niño supuestamente sustraído o en la ausencia de indicios racionales que permitan sustentar una acción penal viable ante los tribunales.