Fueron cinco horas en que Bárcenas respondió a las preguntas de las partes y en que aprovechó cada respuesta para atacar a sus antiguos compañeros y cumplir su promesa de tirar de la manta. Es el extesorero en estado puro, en su literalidad, en versión original. «Le cuento la realidad. Efectivamente, estábamos incumpliendo la ley de partidos». No se anduvo por las ramas ante Ruz, ante quien reconoció que innumerables donaciones se computaban en B porque «superaban normalmente la cuantía permitida y los que donaban no podían donar porque la ley expresamente lo prohibía».
«¿Existieron entregas de cantidades por encima de los límites legales?», le preguntó el juez. «Sí, claro, habitualmente», señaló el imputado, que insistió en la práctica era «fraccionar» esas donaciones para que «no superan los límites». Eso sí, según Bárcenas, «los donativos jamás fueron finalistas». O sea, que las aportaciones no eran recompensadas de inmediato con una adjudicación o un favor por el PP, aunque sí admitió que Lapuerta hacía llamadas a cargos públicos para que recibieran a los donantes. De acuerdo con la declaración, el dinero se empleaba fundamentalmente para las campañas. Bárcenas admitió que la ley de financiación de partidos les cubría las necesidades normales y que los donativos eran para campañas porque «el día día del partido» se solventaba con dinero de la caja A.
«¿Quién conocía en el partido que había donaciones en efectivo por encima del límite legal además de usted y Lapuerta?», planteó el instructor. «Como mínimo presidente y secretario general. Fundamentalmente porque cada vez que había un donativo lo recibía directamente Lapuerta, que subía a ver al presidente y le decía: ?Oye, ha venido a vernos tal persona y nos ha entregado esta cantidad?», explicó en su larguísima declaración. «¿Se les entregaba un recibí o algún documento que acreditara la entrega?», preguntó Ruz. «Esos donantes, salvo en algunos casos, normalmente no querían un recibí como tal en ningún caso. Si el dinero era donado además por empresas que contrataban con Administraciones públicas, pues no se podía dar un recibo», afirmó.