El jurado popular, figura clave en los procesos más mediáticos

La absolución de Francisco Camps y la culpabilidad de José Bretón fueron decididos por ciudadanos de a pie


madrid / colpisa

José Bretón fue declarado el pasado viernes culpable del asesinato de sus dos hijos, Ruth y José, de seis y dos años, respectivamente. Así lo consideraron siete mujeres y dos hombres que a lo largo del último mes han escuchado a decenas de testigos y peritos y analizado cientos de pruebas aportadas por una y otra parte. Sobre estos ciudadanos de a pie recayó la pesada responsabilidad de decidir si Bretón había matado o no a los niños. Esta causa ha vuelto a situar en el primer plano de la actualidad la figura del jurado popular, con sus posicionamientos a favor y en contra.

El juicio contra Bretón ha reabierto el debate sobre este sistema de procesamiento que se instituyó en 1995 pese a la tradición casi nula en los países de Europa occidental.

Sobre su legalidad no existe duda. El artículo 125 de la Constitución establece que «los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine». Pese a lo establecido en la Carta Magna, hubo que esperar 17 años para que saliera adelante la norma que los regula. La Ley Orgánica 5/1995 establece el funcionamiento y composición de los jurados. También los doce supuestos que podrán juzgar. Entre estos figuran los de homicidio, amenazas, allanamientos de morada o incendios forestales. La lista se completa con una retahíla de delitos de corrupción que pueden estar perfectamente asociados a la actividad política.

Discusión bizantina

Sobre la conveniencia o no de la instauración de los tribunales populares los juristas afirman que no se puede más que producir «una discusión bizantina», es decir, inútil. «Aunque estemos por cultura acostumbrados a tribunales profesionales, la Constitución establece que todo ciudadano puede participar en la administración de la Justicia como lo hace en la elección del poder legislativo, así que no hay lugar para el debate», afirma Julio Muerza, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Navarra. Jesús Verdugo, penalista y decano del Colegio de Abogados de Valladolid, quien se confiesa firme defensor de los juicios con jurado. Lo es, esgrime, porque los procesos de este tipo «aportan higiene al incorporar a los procesos a ciudadanos de a pie ajenos a la Justicia».

La propuesta de reforma del Código Procesal en la que ahora trabaja el Gobierno limita los juicios con tribunales populares tan solo para los casos de homicidio. Se trata solo de un documento previo aunque la opción de reducir los casos con jurado no parece la adecuada, según los juristas consultados.

La principal pregunta que surge es si el ciudadano de a pie está preparado para juzgar a sus semejantes o si esta tarea debe recaer sobre una persona que haya sido preparado para ello. Según explica el catedrático de la Universidad de Navarra, «una condena ante ciudadanos legos es mucho más difícil de conseguir que ante un juez». Sin embargo, este último ofrece más garantías en un proceso para salvaguardar a personas inocentes que están siendo juzgadas por un delito que no cometieron.

Otro peligro distinto es el de la mediatización de los procesos, que como en el caso de José Bretón, tengan una amplia repercusión en los medios que pueda llegar a influir en el jurado. «Existe un enorme riesgo en este sentido pero en los grandes casos este es idéntico al que existe con un tribunal profesional», dice. Eso no quita, concluye Verdugo, que al margen de las pruebas contra Bretón o Dolores Vázquez -declarada culpable del asesinato de Rocío Wanninkhof pese a ser inocente- ya estuvieran condenados de antemano.

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