Sobre el encaje en el plan de reorganización de la Administración de Justicia del proyecto ya anunciado de pasar la instrucción del juez al fiscal, Almenar dice que «la primera pregunta que habría que hacerse en estos momentos es si el cambio en el sistema de instrucción es o no una demanda social. Si no es una demanda social urgente, en la situación de crisis que padecemos, no procede optar por modificar un sistema que hasta ahora ha estado funcionando y que exige más reformas legales».
Sí considera prioritaria la creación de una verdadera Policía Judicial. «Es algo que se viene reclamando desde la aprobación de la Constitución y que se prevé en la ley de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de 1986 pero que nunca se ha desarrollado. Quizá porque a ningún poder ejecutivo le conviene que se desarrolle en la medida en que perdería la competencia sobre actuaciones de carácter sensible».