El Gobierno quiere eliminar tribunales de cuentas y defensores del pueblo

A cambio de las reformas, que incluyen la reducción del número de diputados, ofrece más déficit a las comunidades

Colpisa
Madrid

Soraya Sáenz de Santamaría tomó ayer el relevo de Mariano Rajoy en la tarea de explicar las 217 propuestas que ha realizado la Comisión para la Reforma de la Administraciones Públicas (CORA) para reducir el gasto público en más de 8.000 millones de euros. Una iniciativa que, según la vicepresidenta del Gobierno, no tiene «ni sello ideológico ni territorial». El informe, que analizará hoy el Consejo de Ministros, plantea la «supresión de entidades o la reducción del tamaño de algunas, incluso de especial relevancia institucional como las asambleas legislativas o los defensores del pueblo», según consta en el informe. Una senda que ya están explorando Alberto Núñez Feijoo, Dolores de Cospedal e Ignacio González.

Once comunidades autónomas tienen en la actualidad Defensor del Pueblo, entre ellas Galicia. El Ejecutivo insiste en que la premisa es «poder seguir prestando el mismo servicio, con igual o mejor calidad, a menor coste», desde el órgano central. Lo mismo ocurriría con los tribunales de cuenta.

Sáenz de Santamaría, durante unas jornadas informativas sobre esta reforma, en la que también participaron los ministros Cristóbal Montoro y José Manuel Soria, adelantó que el Estado suprimirá o fusionará 57 organismos públicos de su competencia y que instaría a los gobiernos regionales a suprimir 90 observatorios.

Las iniciativas de la CORA, que según fuentes del Gobierno podría culminarse en el 2016, también plantea un amplio catálogo de prestaciones públicas en las que también sería muy beneficioso compartir gastos. «Desde las oficinas en el exterior hasta la conservación de carreteras, las plataformas de formación de empleados públicos o de gestión de centros educativos».

Además del Consejo de Ministros, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se reunirá en la primera semana de julio, también analizar el trabajo de la CORA, que se inició hace casi ocho meses tras acuerdo de la de la Conferencia de Presidentes. Pese a que algunos representantes autonómicos han mostrado en público su malestar por la falta de información durante el proceso de elaboración de este informe, un portavoz de la Moncloa indicó que ningún gobierno regional había comunicado de manera oficial ese descontento.

Ventajas

El Gobierno pondrá en marcha desde hoy las 78 recomendaciones de la CORA que afectan de manera exclusiva a la Administración General del Estado. Pero esta reforma puede trastabillar si ayuntamientos y comunidades autónomas, con potestad para rechazarla, no la ponen en práctica.

Tanto Rajoy como Sáenz de Santamaría inciden en que buscarán con ahínco y lealtad el acuerdo entre todos. ¿Qué ocurrirá si fracasa en el intento? El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, esbozó el plan b del Gobierno. Las comunidades autónomas que cumplan con las recomendaciones de adelgazamiento del sector público para acabar con las duplicidades competenciales, tendrán un trato más ventajoso a la hora de negociar el margen de incremento de su déficit durante los dos años de plazo que ha dado a España la Comisión Europea.

Otro miembro del Ejecutivo intentó suavizar este planteamiento, aunque sin desautorizarlo, al exponer que cuando una comunidad comunique al Gobierno que no ha podido cumplir con la reducción del déficit que le obliga la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Ejecutivo podrá sugerirle en qué partidas puede recortar. La Ley de Estabilidad Presupuestaria dota al Gobierno de herramientas de presión como multas o, incluso, la posibilidad de intervenir aquellas comunidades autónomas que no reduzcan sus números rojos. El Ejecutivo, sin embargo, considera más probable que se establezca ahora el mismo nivel de colaboración que se produjo durante el año pasado, cuando se hizo «un gran esfuerzo» para reducir el déficit.

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