Promueve otra declaración parlamentaria tras ser impugnada la anterior
06 mar 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El Gobierno catalán elevó ayer el tono en el enfrentamiento que mantiene con el Ejecutivo central. La Generalitat anunció una batería de iniciativas, como acelerar la aprobación de la ley de consultas y la constitución del pacto nacional por el derecho a decidir, encaminadas a dar respuesta a «las agresiones» que a su juicio ha lanzado el Gobierno central contra la consulta mediante la impugnación ante el Constitucional de la declaración soberanista que aprobó el Parlamento catalán en enero.
La primera ofensiva tendrá su respuesta bien pronto. El Ejecutivo de Artur Mas pretende que el pleno del Parlamento catalán de la próxima semana o la siguiente vuelva a aprobar una nueva resolución a favor del derecho a decidir con el máximo de fuerzas posibles. CiU quiere que se vote el mismo texto del PSC que se debatió la semana pasada en el Congreso, en las resoluciones del debate sobre el estado de la nación, y que podría lograr un respaldo de 107 de los 135 diputados de la cámara catalana (todos los partidos, salvo el PP y Ciutadans).
Se trataría de un nuevo mensaje inequívoco del hemiciclo autonómico a favor del derecho a decidir y contra «el Gobierno central menos dialogante de la historia de la democracia», según dijo ayer el consejero de la Presidencia, Francesc Homs. En ese contexto situó el número dos del Gobierno catalán una supuesta reunión el lunes pasado en Madrid entre el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón; la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; y el fiscal general Eduardo Torres-Dulce, de la que habría partido, según el Ejecutivo autonómico, la decisión de abrir expediente al fiscal jefe de Cataluña.
Aunque el Gobierno catalán acuse al central de romper las vías de diálogo, de momento no dinamita todas los puentes con Madrid y mantiene pendiente la reunión prevista entre Artur Mas y Mariano Rajoy. Ninguna de las dos partes ha dicho que el encuentro no vaya a tener lugar y Homs se limitó a decir que «si se produce, se hará en un contexto de máxima discreción». En esa cita, Mas tiene intención de reclamar a Rajoy que facilite la celebración de la consulta. Desde la parte catalana, no obstante, dan por seguro el «no» del presidente del Gobierno, razón por la cual se han propuesto acelerar la aprobación de una ley catalana que permita celebrar una consulta sin la autorización de Madrid.
Y es que, a falta de amparo de las leyes españolas, la Generalitat quiere tener una norma propia que dé cobertura legal al proceso. Una ley, impulsada por CiU y ERC, que se aprobará por la vía rápida y que dentro de una semana podría estar lista para su tramitación parlamentaria, cuando la Cámara dé el visto bueno al borrador del texto.
La ley de consultas empezó a gestarse en la anterior legislatura, pero el adelanto electoral paralizó la tramitación. Según aquel borrador, que servirá de base, la Generalitat podrá convocar consultas no refrendarias sobre los asuntos en los que tiene competencia.