El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) da vía libre al juez instructor del caso Nóos, José Castro, para seguir con sus desplazamientos fuera de Palma de Mallorca y de esta forma poder investigar los diferentes negocios de Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres en cada lugar concreto en que se produjeron. La comisión permanente del Consejo ha dado así por buenas las explicaciones del magistrado -que el órgano de gobierno de la carrera judicial había requerido-, y que en las dos últimas semanas había viajado a Madrid y Barcelona para interrogar a imputados y testigos en este sumario y avanzar en varias diligencias que han sido declaradas secretas. Castro apeló entonces a «circunstancias excepcionales» y a la complejidad de los trámites puestos en marcha para justificar estos desplazamientos y el Consejo General del Poder Judicial cree que, efectivamente, esos viajes tenían una razón de ser más que justificada.
La semana pasada Castro estuvo en Madrid, donde interrogó a varios de los responsables máximos de la sociedad municipal Madrid? 16 en relación a la donación de 120.000 euros que este ente realizó a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social -FDCIS, heredera efectiva de las actividades irregulares del Instituto Nóos-, sin que conste que la fundación dedicada en teoría a apoyar a niños discapacitados que dirigía en la sombra Urdangarin efectuara trabajo alguno para lanzar la candidatura olímpica madrileña. Sin embargo, la alcaldesa, Ana Botella, y su predecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón -aún en el sillón municipal cuando se creó Madrid? 16-, defendieron el pago. Ambos legitimaron el gasto en cuanto a la dificultad de medir las tareas de conformar un lobby de respaldo a un proyecto, que en teoría asumió el yerno del monarca. Las gestiones que realizó el instructor esta semana en Barcelona, donde ha interrogado a dos imputados, siguen siendo una incógnita.
Los vocales que votaron en contra de pedir explicaciones, Margarita Robles y Manuel Almenar, insistieron en la comisión permanente en que debió darse permiso para viajar a Castro sin más requerimientos. Por tres votos a dos, se había impuesto exigir al instructor que argumentara su solicitud de comisión de servicios.