La impetuosa puesta en escena que el Gobierno realizó en julio de sus intenciones de meter en cintura a las Administraciones amargó el verano a miles de cargos locales. Cinco meses después, y tras enfriar ese debate para esquivar la coyuntura electoral, Hacienda lo retoma con el propósito de zanjar cuanto antes, a lo sumo en el primer trimestre del 2013, ajustes que poco tienen que ver con los que iban a ahorrar 3.500 millones a las arcas públicas.
El punto de partida
El Gobierno pretendía suprimir más de 20.000 concejales, restringir sueldos saltando por encima de la autonomía local, liquidar mancomunidades y laminar competencias municipales para engordar las diputaciones. Y acompañó esta batería de reformas del guiño efectista de ese recorte del gasto público que entienden todos los ciudadanos y reclaman la inmensa mayoría.
La presión municipalista
La oposición frontal de los regidores, que contaron con el apoyo explícito de los Gobiernos autonómicos, cambió el paso de Hacienda, que ha edulcorado sus aspiraciones iniciales para aproximar sus propuestas a las que siempre defendieron los alcaldes: clarificar el mapa competencial, adaptación al censo y presupuesto de cada municipio de tablas salariales que serán orientativas y no impuestas.
Lo que reclama la Fegamp
Los alcaldes gallegos sitúan la clave, además de en la resolución de las competencias impropias, en revisar una financiación local que penaliza a Galicia. Sus 315 concellos reciben 114 millones menos del Estado de lo que les tocaría por población.