Lo bueno de las crisis, que algo positivo han de tener, es que ponen en evidencia todo aquello que funciona mal. Y el momento adecuado para solucionar todo aquello que la bonanza ha ayudado a ocultar es cuando la necesidad apremia. Uno de los problemas que es urgente resolver, porque ha empujado a España al borde del abismo, es el de la financiación autonómica. Un sistema que nunca ha servido para garantizar la suficiencia y autonomía financiera de las comunidades, y que además ha sido sistemáticamente parcheado hasta acabar convertido en un galimatías.
Las consecuencias son varias: primera, los gobiernos autonómicos nunca han sabido bien la cuantía exacta de sus recursos; segunda, al no ser responsables de los ingresos, han gastado sin medida; y tercera, ante cualquier problema, de insuficiencias o de lo contrario, han derivado las culpas hacia la Administración central. El sistema de financiación autonómica se ha convertido así en un arma para la batalla política, que a menudo se ha utilizado de manera oportunista para eludir responsabilidades.
Los nacionalistas catalanes han sido unos maestros en este arte. Una falacia no se convierte en verdad por mucho que se repita, aunque haya quien acabe creyéndosela. Cataluña aporta a las arcas del Estado más de lo que recibe. Cierto, pero es el efecto de la solidaridad que fundamenta una comunidad política. Lo rotundamente falso es que ese déficit fiscal -que cada uno cuantifica a su antojo- sea la causa de los males que asfixian a Cataluña. Pero, como un tahúr, Artur Mas se ha sacado de la manga la carta del agravio para culpar a la Administración central del elevadísimo endeudamiento de Cataluña. Y con un ventajismo impropio, ha recurrido al señuelo del pacto fiscal, que sabe imposible, para justificar un adelanto electoral y así concurrir a los comicios rehuyendo su responsabilidad en la catarata de recortes y endosándosela al Estado. Para conseguir su objetivo, no ha tenido reparo en avivar el vendaval independentista, sin reparar en el riesgo de que acabe llevándoselo todo por delante. Una ola que, con la misma irresponsabilidad, ya había alimentado antes el PP con su furibunda campaña contra el Estatuto. Es urgente detener una deriva que está a un paso de sobrepasar el punto de no retorno que nos llevaría a un conflicto irresoluble.