Interior promueve un endurecimiento del Código Penal que Justicia pretende frenar, ya que los juristas dudan de su encaje constitucional
02 may 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Va a ser como «buscar la cuadratura del círculo», reconocen juristas y responsables de Interior y Justicia. El Gobierno sigue adelante con sus planes de endurecer cuanto antes el Código Penal, sobre todo para responder con más contundencia a unos desórdenes en manifestaciones y protestas que, con la situación económica actual y los recortes, se da por seguro que van a crecer en los próximos meses. Los juristas del Estado creen que las reformas planteadas para reprimir la «resistencia pacífica» y otras protestas tienen difícil encaje constitucional, pero el debate no retrasará los planes del Ejecutivo, que espera que las modificaciones entren en vigor en otoño o principios del 2013.
Resistencia pasiva. Es la reforma con más aristas. Interior quiere que el artículo 550 del Código Penal incluya como atentado contra la autoridad no solo la resistencia activa sino también la pasiva grave, un concepto muy indeterminado que Justicia ya ha advertido que quiere vetar. Con una penalización así, cualquier tipo de manifestante que desoyera pacíficamente las instrucciones policiales podría ser imputado, según los abogados del Estado, que advierten que este planteamiento supone una limitación grave del derecho a la manifestación.
Acometimiento. Interior quiere que entre «las modalidades de acometimiento», ataque violento dirigido contra un policía, figuren las amenazas o el lanzamiento de objetos peligrosos. Actualmente solo se considera una acometida el empleo de la fuerza, la intimidación o la resistencia activa «también grave». El Supremo, explican los expertos del Gobierno, ya tiene declarado que para que exista acometimiento tiene que producirse un «ataque de naturaleza violenta» contra un policía, con lo que ven difícil que una amenaza verbal quepa en este tipo. Incluso el lanzamiento de una piedra, sino va dirigida directamente a acertar a un funcionario.
Prisión provisional. La propuesta de Interior es reformar el artículo 551 del Código para que la pena mínima en los atentados contra agentes de la autoridad pase de uno a dos años y los jueces puedan decretar prisión provisional. El departamento de Fernández defiende que el encarcelamiento tendría gran poder disuasivo, algo que ha hecho poner el grito en el cielo a los juristas del Gobierno, que ya han advertido de que la ley contempla la prisión preventiva como un mecanismo muy restringido para, exclusivamente, evitar la reiteración delictiva, la fuga o la destrucción de pruebas.
Violencia callejera. La idea es equiparar penalmente los actos vandálicos callejeros, como los de la huelga general del 29 de marzo en Barcelona, con el terrorismo de baja intensidad en el País Vasco y Navarra. Implicaría cambios en los artículos 570 bis y 577. Los juristas no ven acertada la comparación con la violencia callejera de acompañamiento al terrorismo, pero no creen que haya demasiados problemas para agravar este delito si se logra probar que una persona en concreto ha protagonizado actos violentos como respuesta a «conductas concertadas» con el objetivo de «perturbar gravemente el orden público».
Convocatorias violentas. La reforma plantea considerar «delito de integración en organización criminal» difundir a través de Internet y las redes sociales las convocatorias «violentas» y que «alteren gravemente el orden público». Los letrados del Gobierno creen que se puede endurecer la pena a este perfil de convocantes por «incitación a la violencia», pero no como miembros de «organización criminal».