Los jubilados gallegos aceptan la medida al considerar que las circunstancias la hacen inevitable
19 abr 2012 . Actualizado a las 16:02 h.«No sé qué decir. Yo trabajé 49 años y mi pensión no llega a los mil euros, pero también tuve un infarto y dos anginas, y utilicé mucho la sanidad pública. Le costé mucho dinero a la sanidad, con las pruebas que me hicieron, los tratamientos. Gastar diez euros al mes no me viene bien, claro, pero las cosas cuestan, y si así ayudo a otra persona que esté en peor situación...». Esta es la opinión de José Pazos, jubilado, ante la noticia de que tendrá que pagar por los medicamentos que consume. Y el sentir de este hombre, trabajador y solidario, se repite en el que en teoría es el colectivo más afectado por el anuncio de la ministra Ana Mato, los jubilados.
En este gremio está Ángel Santos, que a sus 75 años apenas tiene algún que otro achaque -«solo fui al hospital una vez, hace poco, porque me mareé», dice- y que durante los 45 años que estuvo en activo no pasó más de 15 días de baja y jamás conoció el paro. A Ángel, como José, ambos vecinos de Monte Alto, uno de los barrios más activos de A Coruña y de claro sesgo izquierdista, no le gusta eso de pagar por las medicinas, pero cree que «tal y como está el país parece lógico que ayudemos», especialmente los de pensiones saneadas. Otra vez la misma palabra: solidaridad.
Tampoco se manifestará contra el recorte Rosa María Alonso, quien acepta el copago como inevitable, aunque en su caso reconoce que «pagan los de siempre». Ella solo aspira que «al menos esto sirva para algo».
Y si entre los jubilados hay cierta resignación y aceptación de que todos tienen que arrimar el hombro, entre la población activa parece que la medida ha sentado algo peor. En un el centro de salud de Arteixo -localidad en expansión vinculada al desarrollo industrial- la gente seguía ayer al ritmo de siempre, con la languidez en la que vive la población española desde hace meses, pero sin alterarse por el inminente anuncio del copago.
Lo esencial
Vanessa Pan, una joven madre de dos niños pequeños, está indignada con la medida, y cree que los políticos «deberían rebajarse más su sueldo y no tocar lo esencial». Para ella lo esencial son la sanidad y la educación, y cree que poner trabas en estos dos campos solo dará pie a una sociedad más insolidaria y, en el caso de la educación, a una formación en la que ser rico o pobre marcará la diferencia.
Esta opinión la comparte Antonio Serrano, trabajador en activo que ayer acudía el médico por una baja -«espero que breve», decía-.
Serrano aseguraba que la medida «perjudica sobre todo a las clases bajas y medias», porque muchas familias notarán ese 10 % más por los medicamentos; en cuanto a los jubilados, recuerda que tras una vida de trabajo, muchos creen que tienen una pensión digna entre otras cosas por lo que no se les hace (hacía) pagar.
Más radical en su opinión es María José Fiaño, pensionista, quien cree que tendrá que dejar el tratamiento que sigue actualmente: «Si no puedo ir en bus, ¿cómo voy a poder pagar en la farmacia?», se queja.
En cambio, María del Pilar Gómez, retornada de Argentina, apoya la propuesta: «Me parece bien. El que más tenga, que pague más», porque ella, a pesar de ser activa, tiene una situación peor que muchos jubilados.