Las redes sociales, que son un impagable termómetro de por dónde respira la opinión pública, eran ayer un hervidero. El impacto de la condena a Jaume Matas es proporcional a su trascendencia. Por lo que supone de ejercicio de justicia, que es la mejor manera de recuperar la confianza en los tribunales, tras varios antecedentes cuestionables. La corrupción es uno de los delitos más repugnantes, en tanto supone una traición a la confianza de los ciudadanos y el expolio del dinero público, que es robarnos a todos. Pero hay algo aún más rechazable: la impunidad de los corruptos.
La sentencia de la Audiencia de Palma es importante, además, porque traza el camino por el que han de transitar el resto de las causas contra el propio Matas, pero también las de Urdangarin. La justicia no admite tratamientos excepcionales, ni a favor ni en contra, pero lo cierto es que el proceso en el que aparece implicado el yerno del rey será la piedra de toque de la credibilidad de los tribunales. Más allá del viacrucis personal que aguarda a uno y otro, ambos se han convertido en símbolos de unas prácticas cleptócratas que marcaron una época. Es exigible por ello, también, una reflexión política.
El insuficiente arraigo de una ética de la responsabilidad personal abona la corrupción, y su extensión se retroalimenta en ambientes de tolerancia social. Combatir esta cultura política es una necesidad urgente en España, que figura entre los países desarrollados con mayores tasas de corrupción. La fomentan una burocracia excesiva, la falta de transparencia en la Administración, un control insuficiente de las decisiones políticas y la oligarquización de los partidos. Las consecuencias son devastadoras en lo económico, porque encarece bienes y servicios, y al favorecer los sobornos desincentiva la eficiencia y la innovación. Pero, sobre todo, provoca el desapego ciudadano hacia la política, lo que deteriora el prestigio de las instituciones y, con ello, la democracia.