Revisará la ley del aborto, aprobará la prisión permanente revisable, cambiará la ley del menor e introducirá el pago por adelantado de costas en recursos de segunda instancia.
26 ene 2012 . Actualizado a las 07:00 h.La crisis es la prioridad, pero no todo será economía para el nuevo Gobierno. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer un giro radical en la Justicia. Copago en forma de tasa para los recursos en segunda instancia; reforma de la ley del aborto; penas permanentes revisables para casos específicos y reforma de la ley del menor. En su primera comparecencia ante el Congreso, Gallardón justificó los cambios en la ley del aborto en que la norma actual fue aprobada «con la opinión desfavorable de los órganos consultivos». La principal modificación será que las menores de 18 años necesitarán el consentimiento de sus progenitores para poder abortar.
«Nos inspiraremos en la doctrina del Tribunal Constitucional cuando tuvo ocasión y obligación de pronunciarse sobre la primera ley del aborto», dijo el ministro de Justicia, dando a entender que se prepara una nueva ley parecida a la aprobada en 1985. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró después que los españoles aprobaron la reforma del aborto en las pasadas elecciones, ya que iba en su programa electoral, y que quienes ahora la critican no dijeron entonces «ni una palabra».
Medidas de gracia a etarras
Respecto a la imposición de tasas para recurrir en segunda instancia, la justificación es el ahorro de dinero en una situación de crisis y también evitar el «abuso» en el acceso a los órganos judiciales por parte de los ciudadanos, que a partir de ahora deberán pagar por adelantado las costas del proceso a partir de la segunda instancia, que recuperarán si el fallo es favorable. Solo las personas que demuestren carecer de recursos estarán exentas de ese pago.
La ley del menor se reformará para que en los casos de delito grave los adultos y menores implicados en el caso sean juzgados conjuntamente. Gallardón negó que se vaya a instaurar la pena de cadena perpetua, pero el Gobierno estudia la prisión permanente revisable para supuestos que causen gran alarma social. El ministro supeditó cualquier medida de gracia a presos de ETA a «la petición individualizada de perdón y ánimo de reparación a las víctimas».